DV. Cuando el lehendakari Ibarretxe, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y los responsables de la ilegalizada Batasuna se sienten en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la historia de la democracia vasca habrá 'conseguido' una fotografía para la posteridad.

A lo largo de tres semanas, en sesiones de mañana, de lunes a jueves y a partir del próximo día 8, la sala de vistas del Palacio de Justicia de Bilbao se va a convertir en un escenario rodeado de morbo y expectación mediática. Lo más probable es que hacia finales de enero, la Sala dicte «visto para sentencia». El fallo podría conocerse, en cualquier caso, antes de que comience la campaña para las elecciones autonómicas, el próximo 13 de febrero.

El juicio a Ibarretxe, López y Ares plantea sobre el tapete judicial las reuniones que en el último proceso de paz llevaron a cabo tanto el lehendakari como los dirigentes del PSE con quienes en su momento fueron los portavoces de la disuelta Batasuna. La acusación del Foro Ermua y de la asociación Dignidad y Justicia es que Ibarretxe, por un lado, y López y Ares, por otro, cometieron un supuesto delito de «cooperación necesaria» con un delito de desobediencia llevado a cabo presuntamente por los miembros de la disuelta Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia. Las reuniones en cuestión son las que estos últimos protagonizaron en abril y julio de 2006 y en enero de 2007 a pesar de la Ley de Partidos.

La fecha del inicio de la vista oral se ha retrasado ante la presentación de incidentes de recusación, entre otros, contra los magistrados que en su momento protagonizaron la instrucción. Los jueces que integrarán la sala serán Antón Subinas, Manuel Díez de Rábago y Juan Carlos Benito-Butrón. En ámbitos parlamentarios vascos se considera previsible la hipótesis de un fallo absolutorio.

El juicio ha estado precedido por un considerable enfrentamiento institucional, con reproches nacionalistas a un sector determinado de la Justicia de actuar como un ariete al servicio de una determinada estrategia política, la desarrollada por el PP en la pasada legislatura, sentando a un lehendakari en el banquillo y criminalizando la idea del diálogo.

El presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro -que participó en la instrucción del caso y fue finalmente recusado-, ha interpretado que el proceso revela el imperio del principio de legalidad y el sometimiento al mismo de todos los ciudadanos.

En el PNV, sin embargo, se interpreta esta vista como una muestra de la erosión que, a su juicio, ha sufrido en ocasiones el sistema democrático. A su juicio, la imagen de un lehendakari en el banquillo es una fotografía que va a dar la vuelta al mundo y que constituye un pésimo ejemplo a la hora de avanzar en un proceso de pacificación y de normalización, además de poner de relieve una doble vara de medir a la hora de evaluar las diferentes experiencias de diálogo.

Desfile de testigos

De hecho, la propia defensa del lehendakari tiene previsto convertir el juicio en una defensa del diálogo político como «una herramienta a preservar, no a penalizar», que se utiliza en múltiples procesos de resolución de conflictos de carácter internacional. La defensa tiene previsto proponer además la comparecencia en calidad de testigos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; del ex presidente del Gobierno, José María Aznar; de su asesor en las conversaciones con ETA en Zurich en 1998 Javier Zarzalejos, del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor; del ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz; del presidente del PSE, Jesús Eguiguren; del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de varios expertos internacionales como Roelf Meyer, ex ministro sudafricano y asesor de Ibarretxe; Mathews Posa, del Congreso Nacional Africano; Harry Barnes, del departamento de resolución de conflictos del centro Carter, y del sacerdote norirlandés, Alec Reid. En el caso de Zapatero, la ley le faculta la posibilidad de no trasladarse al tribunal para declarar. También han sido llamados la ex presidenta de EA, Begoña Errazti, y el coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo.

El tribunal ha decidido no incluir como una posible prueba pericial las supuestas actas de las reuniones celebradas entre emisarios del Gobierno español y ETA en el último proceso de paz y que habían sido solicitadas al centro por el diálogo humanitario Henri Dunant, que ofreció cobertura a aquellas conversaciones.

Los socialistas rebajan considerablemente su perfil ante esta vista oral ya que consideran que el juicio evidencia el funcionamiento del Estado de Derecho, con todos los ciudadanos sometidos al imperio de la ley, aunque cuestionan de raíz las imputaciones de la acción popular.

Uno de los factores más polémicos ha sido que el juicio oral se haya celebrado a petición de la acción popular, ya que en su momento la Fiscalía no vio indicios de delito en las reuniones citadas. La asociación Jueces para la Democracia ha comenzado a criticar un abuso en la figura de la acción popular, en su día creada para cubrir el vacío en la labor de la acusación pública y la acusación particular, pero que en este caso puede suponer la continuidad de las disputas políticas en la esfera judicial, con una prolongación de los procesos y los procedimientos.

La defensa de López pondrá sobre la mesa el auto emitido por el juez Baltasar Garzón un día antes de la reunión que el líder socialista y su compañero Rodolfo Ares mantuvieron el 6 de julio de 2006 en el hotel Amara Plaza de San Sebastián con Otegi, Etxeberria y Dañobeitia. En aquella resolución, el magistrado daba luz a aquel encuentro al entender que el objetivo del mismo era «aproximar» a los miembros de la formación ilegalizada «a la renuncia de la violencia».

Garzón ordenó entonces a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Unidad Central de Información de la Policía que redactase un informe a posteriori sobre aquel encuentro para estudiar si la intervención de los miembros de la izquierda aber- tzale podría ser considerada como actividad orgánica de Batasuna. Los socialistas siempre señalaron que el encuentro se celebraba con miembros «de la izquierda abertzale» y evitaron expresamente referirse a Batasuna.

Garzón tomó esta decisión tras el informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideraba que la reunión no revestía un carácter delictivo pues se trataba, precisó, de «un encuentro que no tiene como objetivo la continuación o persecución de la actividad criminal terrorista». Sin embargo, en su auto, el juez instructor vio «indicios racionales de un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. El Foro Ermua solicitó dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe, y nueve meses para López y Ares, y penas que oscilan entre cuatro y un año de cárcel para los dirigentes de Batasuna.