EDUCACIÓN
Un nuevo decreto dota a los docentes vascos de autoridad
para sancionar de forma inmediata a los alumnos
12.12.08 -
Un profesor y un alumno en el aula. /LUSA
DISTINTAS MEDIDAS
Un nuevo decreto sobre derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios del País Vasco dota a profesores y directores de autoridad para sancionar «de forma inmediata» a los alumnos que cometan actos que afecten a la convivencia. Los docentes podrán actuar sin tardanza ante casos de maltrato, acoso o agresiones en los colegios vascos, donde el 15% de los alumnos de Primaria y el 10% de Secundaria reconocen haber sufrido al menos una vez alguna conducta de bullying.
El consejero de Educación, Tontxu Campos, presentó ayer a cerca de 600 directores y personal docente el nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado, que declara la «tolerancia cero» al bullying y a las agresiones al profesorado. La norma, que goza de un gran consenso entre la comunidad educativa, sustituye al decreto anterior, vigente desde el año 1994 y que ya no se ajustaba a las necesidades actuales tras la irrupción de las nuevas tecnologías, como internet y el teléfono móvil, cuyo uso está totalmente prohibido en las aulas.
Castigados con retraso
Según explicó Campos, el decreto agiliza el procedimiento para apercibir de forma inmediata a aquellos alumnos que mantengan conductas contrarias a la convivencia, sin tener que esperar a la decisión adoptada por el pleno del Consejo Escolar, que provocaba que en ocasiones los castigos se cumpliesen incluso un año después. Así, el nuevo decreto ya no establece los temidos castigos, sino que incluye medidas correctoras educativas, priorizando los mecanismos de conciliación y reparación.
La norma distingue entre actuaciones inadecuadas, contrarias y gravemente contrarias a la convivencia y recoge las medidas a adoptar en cada uno de los casos. De este modo, las faltas injustificadas, el deterioro del material escolar o la desobediencia podrán ser corregidas por el profesorado con medidas que van desde una reflexión o la realización de tareas hasta acompañar al estudiante ante el director del centro.
Para las conductas contrarias a la convivencia, como las amenazas o insultos, sustraer exámenes, cambiar notas o no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen utilizando medios de grabación se contempla desde el apercibimiento, hasta el cambio de grupo, la realización de trabajos educativos o la suspensión de asistir a clase por un máximo de tres días.
Los casos más graves, entre los que se incluyen las agresiones físicas o psíquicas, el acoso sexista o la incitación al consumo de tabaco, alcohol y drogas, podrán ser corregidos por el director. Junto a los trabajos educativos fuera del horario escolar se prevé la suspensión del derecho a asistir por un máximo de 20 días o incluso el cambio de centro en caso de reiteración. V.P.
