La marea antibolonia crece en la universidad española. Ya son media docena los centros públicos de todo el país en los que los estudiantes mantienen encierros en contra de la armonización del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) acordado en la ciudad de Bolonia hace nueve años. Un proceso que culminará en 2010 y que para los jóvenes movilizados supone la mercantilización de la universidad y la cesión de su control a las necesidades de las empresas. Una protesta estudiantil contra el llamado proceso de Bolonia que se extiende como una mancha de aceite pero que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, trató ayer de minimizar en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno.
La ministra cree que la percepción de Bolonia «es mayoritariamente positiva», que las protestas son «minoritarias» y «focalizadas en algunos campus», y que las protagonizan «focos de descontentos» y grupos «heterogéneos» cuyas reivindicaciones no siempre tienen que ver con el EEES. Unas protestas que coincidieron además ayer en Madrid con las quejas de los rectores por los drásticos recortes presupuestarios de la administración autonómica.
El centenar de alumnos de Ciencias Políticas y Sociología encerrados desde hace diez días en su facultad de la Complutense de Madrid han sido los últimos en sumarse al frente antibolonia, que se extiende por más grandes centros universitarios: Autónoma y Central de Barcelona; Complutense de Madrid; Sevilla y Valencia. Son, en efecto, grupos heterogéneos no liderados por ninguna organización ni sindicato estudiantil. Desde hace más de dos meses ocupan facultades en varias capitales, se comunican con pasmosa agilidad por internet y plantan cara al proceso que según ellos supone «la mercantilización y la privatización de la universidad». Consideran que el rediseño del EEES es «una reforma disfrazada por su defensores como progresista y participativa» pero que «supone la adaptación de la universidad pública a los intereses del mercado y de la empresa privada».
La presencia de empresas
Reclaman los estudiantes un «gran debate público» y denuncian la creciente presencia del patrocinio empresarial en las universidades. «Somos estudiantes no clientes. Fuera las empresas de la universidad. Ni LOU, ni Bolonia ni precariedad», gritaban los encerrados en la facultad de Sociología de la Complutense. Se solidarizan además con los 28 expulsados de la Universidad de Barcelona desde mayo pasado por desorden público y los tres detenidos en Valencia al grito de «Somos estudiantes, no delincuentes».
Los jóvenes seguirán con unas movilizaciones que ayer les hicieron coincidir con sindicatos, oposición y rectores de los centros universitarios públicos de Madrid concentrados ante la Consejería de Educación. Una protesta conjunta contra el Gobierno de Esperanza Aguirre que, según los rectores, ha recortado en un 47% la inversión de la Comunidad para 2009 en las universidades públicas, a las que adeuda 225 millones de euros. Para los estudiantes de la Complutense el recorte «lejos de tratarse de una medida independiente, encaja perfectamente con la filosofía de Bolonia, que pasa por la invasión de lo público».
El temor fundamental de los alumnos casi una década después de firmarse el plan es que sean las empresas las que diseñen programas y titulaciones en función de sus intereses.
Con las espadas en alto, el Gobierno quiere hacer un esfuerzo informativo para defender las bondades del Plan Bolonia, aceptando tácitamente su fracaso en la comunicación y explicación de las reformas. Una información que, según la ministra Garmendia, «demandan» los grupos 'antibolonia'. «Redoblaremos los canales y sistema de información» dijo Garmendia en el Congreso.