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El primer ministro británico no dejó a la reina anunciar en el Parlamento su medida más original, una garantía estatal a quienes no pueden pagar la hipoteca
DV. El ritual de presentación anual por la reina del programa del Gobierno británico quedó ayer deslucido por la decisión del primer ministro, Gordon Brown, de anunciar su iniciativa más novedosa fuera del discurso real y por un nuevo episodio de la disputa entre Parlamento y policía sobre la investigación en torno a filtraciones recibidas por un diputado conservador.
El programa legislativo del Gobierno para el presente ejercicio es el más breve- doce proyectos de ley- que han presentado los ejecutivos laboristas desde la primera victoria de Tony Blair, en 1997. Contiene medidas de promoción de la transparencia bancaria o de reforma de la Seguridad Social para reducir el número de receptores pasivos de subsidio.
La reina expresó la determinación del Gobierno de dar prioridad a las medidas tendentes a paliar los efectos de la crisis económica. Brown está intentando construir una reputación como gestor eficaz contra la crisis y retrata persistemente a la oposición 'tory' como partidaria de dejar que siga su curso sin gran intervención del Estado.
Los conservadores niegan que esa sea su intención y lo mostraron ayer diciendo a Brown que la única novedad que presentó, y que hurtó al discurso de la reina, había sido copiada a David Cameron, que la habría propuesto antes. Se trata de una garantía temporal a los pagos de las hipotecas de personas que hayan perdido el empleo o hayan sufrido una fuerte caída de la renta. Algunos bancos ya han anunciado que no expropiarán viviendas hasta que los signatarios de la hipoteca no se hayan retrasado seis meses en sus pagos. Ahora Brown dice que el Gobierno creará una ley para garantizar el pago a los bancos de los intereses de las hipotecas, durante dos años, por parte de clientes que no pueden pagarlos temporalmente como consecuencia de la crisis.
El Parlamento, que ya tendrá tiempo de analizar la sustancia de las leyes propuestas, se concentró en el asunto que más ocupa a los escaños, desde que, el pasado viernes, varios policías registraron el despacho del responsable de inmigración del partido Conservador, Damian Green, y le retuvieron, aunque no se le han presentado cargos.
La policía investiga las continuas filtraciones a Green de documentos secretos por un funcionario del ministerio de Interior, que también fue detenido. Hay parlamentarios soliviantados por la actuación de la policía. Ayer, el presidente del Parlamento explicó que a él no se le pidió permiso para el registro, porque los policías lo habían obtenido, sin orden judicial, mediante el consentimiento de la responsable de seguridad de los Comunes. Es ya un culebrón, que apasiona a los parlamentarios de todos los partidos, y cuyo desenlace está lejano.
