DV. Brindis al sol, irresponsabilidad, paso atrás, viaje a ninguna parte, riesgo de fraude. Los análisis fueron todos de este cariz. Y eso que los agentes educativos quisieron ser contenidos ayer al valorar la nueva propuesta del Departamento de Educación sobre la reforma de los modelos lingüísticos. Pero la frustración fue nítida, para algunos por exceso de inmersión lingüística, para otros por defecto, dado que retrasa cuatro años más, de doce a dieciséis, la larga marcha hasta la implantación de un sistema en el que el euskera sea la lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza.
Educación precisó, en un comunicado, que esta implantación progresiva permite que todo el alumnado actualmente escolarizado pueda completar todo su ciclo formativo en ese mismo modelo y que la mayor franja de profesorado sin perfil lingüístico, de entre 50 y 60 años, pueda completar su ciclo profesional.
En un contexto de ruptura de la coalición electoral de EA con el PNV, el consejero Tontxu Campos presentó ayer en un hotel de San Sebastián el documento «flexibilizado y enriquecido» sobre la reforma lingüística en la enseñanza a representantes de los sindicatos, asociaciones de padres de alumnos, directores de centros públicos y patronal de la escuela privada concertada.
Salvo los representantes de ikastolas y colegios privados y religiosos, el resto de asistentes se mostraron muy críticos con los cambios incorporados por Educación. Tras dos horas de reunión, nadie respaldó el nuevo planteamiento y el consejero no quiso hacer declaración alguna.
El hecho de que se eleve de uno a cuatro años el período de transición para que los centros escolares se adecúen al nuevo marco e incluso que en la enseñanza postobligatorio (FP y Bachillerato) se pueda «flexibilizar», es decir, reducir el 60% de porcentaje de euskera en las materias no lingüísticas no han hecho sino debilitar la acumulación de fuerzas para impulsar la reforma.
Sin consenso del gobierno
Esa flexibilización en aras de alcanzar el «mayor consenso posible» se ha materializado en una merma de la adhesión crítica de los sindicatos ELA, LAB y Stee-Eilas, así como de las asociaciones de padres de la escuela pública, sin que por ello se haya ganado, por ahora, el imprescindible apoyo de PNV y EB en el Gobierno Vasco.
Los jeltzales, que conocen el proyecto desde hace al menos dos semanas, según fuentes de Educación, harán pública hoy su posición, que ya fue de rechazo al documento original, cuando plantearon que primero se hicieran experiencias pilotos del nuevo sistema.
Javier Nogales, responsable del área de Enseñanza en CC OO, sindicato mayoritario en la escuela pública, salió de la reunión con una conclusión categórica: «Nos parece una irresponsabilidad presentar una segunda propuesta que no cuenta ni siquiera con el aval del conjunto del gobierno. Es un documento que si no concita ni el consenso en el seno del Gobierno Vasco, mal podrá conseguirlo en el seno de la comunidad educativa».
Y abundó con dos apostillas. Primero, que el documento se enviará hoy al Consejo Escolar de Euskadi para que haga un dictamen «cuando ya se pronunció sobre la anterior propuesta y sólo se ha atendido una de las cuestiones que formuló». Y segundo, Nogales advirtió que «no ha quedado nada claro que la viceconsejería de Política Lingüística haya informado positivamente de esta propuesta».
Desde un planteamiento radicalmente diferente, Xabier Expósito (ELA) estimó que la modificación «empeora mucho el proyecto original, ya que su objetivo únicamente es buscar un consenso, que además no parece garantizado. Al final parece un viaje a la nada».
Alargamiento lamentable
«Es imprescindible superar el actual sistema de modelos lingüísticos si queremos garantizar que los alumnos conozcan los dos idiomas oficiales de esta comunidad, y las medidas hay que tomarlas cuanto antes, pero por lo visto hoy (por ayer) no parece que ese sea el camino. Es lamentable que ahora se quiera alargar el proceso ad calendas graecas, hasta el 2025».
En similares términos se pronunció Jon Moñux (Stee-Eilas) al afirmar que los «condicionantes» que existen por parte de «agentes políticos o educativos» han hecho que la propuesta dé un «paso atrás», ya que la «prórroga de cuatro años, una vez que se ponga en vigor la reforma, supondrá 16 años de implantación. Después de 25 años que lleguemos a esto parece un mal chiste. Estábamos más esperanzados con el proyecto original».
Moñux asumió que el reto lingüístico es «gigantesco» y por ello reclamó más recursos sobre todo, en las zonas menos euskaldunes, pero lamentó que en el proyecto de Educación esta cuestión ni se aborda.
La anterior propuesta «era floja» pero ésta es un «paso atrás», declaró la portavoz de LAB, Mari Carmen Urteaga, al tiempo que señaló que con este planteamiento «se entorpece el proceso de euskaldunización».
Ana Eizaguirre, de la Confederación de Padres de la Escuela Pública Vasca, ha recalcado que tendrán que leer el documento en su conjunto antes de pronunciarse, aunque adelantó que sólo apoyarán aquella propuesta que garantice que «el alumnado sea bilingüe al terminar la escolarización obligatoria» lo que, a su juicio, parece no cabe esperar de esta reforma.
iurrutia