PSE y PP han pedido sin éxito su derogación
La norma les otorga un plazo que oscila entre uno y cuatro años y prevé ayudas económicas para cubrir los gastos del proceso.
10.10.08 - 12:29 -
El Parlamento Vasco ha apoyado con los votos de los grupos nacionalistas y EB el decreto que obliga a medianas y grandes empresas a garantizar la atención en euskera en un plazo de cuatro años, y contempla sanciones en caso de incumplimiento. PSE y PP han pedido sin éxito su derogación, así como la supresión de los artículos del Estatuto de los Consumidores que permite establecer tal obligación.
El decreto, aprobado el pasado 1 de julio, fija por primera vez obligaciones al sector privado en relación con el euskera. Concretamente, obliga a los comercios con más de 15 empleados cara al público y las grandes empresas que superen los 250 trabajadores a garantizar la atención en euskera. La norma les otorga un plazo que oscila entre uno y cuatro años y prevé ayudas económicas para cubrir los gastos del proceso.
«Realista y viable»
Tripartito y Aralar han defendido durante el debate la bondad del decreto de cara a promover el euskera y, sobre todo, avanzar en el respeto de los derechos lingüísticos de los euskaldunes. Para estos grupos el decreto resulta además "ponderado, realista, viable y sensible a la realidad socioeconómica y lingüística" de Euskadi, y se ajusta perfectamente a la Ley de Normalización del Uso del Euskera.
"Votar a favor de esta propuesta significa votar en contra de los derechos lingüísticos reconocidos por la Ley de Normalización del Euskera y eso es un claro retroceso. No podemos aceptar el intento de suprimir por la puerta de atrás derechos lingüísticos", ha sostenido la parlamentaria del PNV Arantza Aurrekoetxea, rechazando la iniciativa 'popular'.
Aralar critica el «teatro» del PSE
Aintzane Ezenarro, representante de Aralar, ha criticado al PSE por apoyar la proposición no de ley del PP y ha dicho que los socialistas demuestran con su posición que el manifiesto en defensa del euskera que hicieron público recientemente es sólo "teatro. Hoy ha quedado en evidencia de la verdadera política lingüística del PSE, que ha retrocedido al poner la opción personal por encima de los derechos lingüísticos".
"Los que tenemos problemas para vivir en euskera somos los euskoparlantes y es triste oír a una euskaldún hablar de esa manera. Los únicos que tienen libertad lingüística son los monolingües en castellano", ha añadido.
EHAK no ha intervenido en este debate, aunque ha votado en contra de la propuesta del PP de derogar el decreto junto a PNV, EA, EB y Aralar.
Contra el decreto
Socialistas y populares han intervenido a favor de la propuesta de suprimir los artículos del Estatuto de los Consumidores que permiten imponer obligaciones lingüísticas al sector privado y derogar el citado decreto. Sus argumentos han sido similares y se han centrado en defender el derecho de las personas y las empresas de utilizar con libertad la lengua que prefieran en sus relaciones personales o profesionales.
El parlamentario del PP Iñaki Oyarzabal ha afirmado que el decreto transmite la idea de que "aquellos que no sean bilingües estarán en desigualdad de oportunidades a la hora de encontrar trabajo. Tratan de propiciar nuevas oportunidades para unos en detrimento de los otros y condicionar las políticas de personal de las empresas, que quizá tengan que despedir al trabajador que no es bilingüe". "Están poniendo en riesgo el trabajo de muchos vascos y están creando indefensión y desigualdad para el que no sabe euskera", ha añadido.
Para Oyarzabal el euskera "es inocente, merece ser respetado y apoyado, pero no son inocentes aquellos que se sirven del euskera para medrar en este país, interferir en los derechos de las personas y conseguir objetivos partidistas. Para estos, para quienes nos imponen sus políticas, nos tenemos que rebelar, nos rebelamos contra la imposición y esta política que quiere condicionar nuestras vidas y la libertad de empresa y comercio".
Desde las filas socialistas Idoia Mendia ha defendido el derecho de las empresas privadas a trabajar en la lengua que deseen y ha considerado que será la demanda la que le llevará a garantizar la atención en los distintos idiomas. Mendia ha indicado además que las políticas que implican imposición y sanciones son contraproducentes y poco eficaces para atraer a los castellanoparlantes. "El límite está en dar ayudas a las empresas y comercio para fomentar el uso del euskera, a partir de ahí es injerencia y abuso democrático", ha concluido.
