07.10.08 -
S iempre se dice que los jueces no actúan por criterios de oportunidad política pero, a veces, parece todo lo contrario, que determinados anuncios judiciales constituyen un palmario ejemplo de falta de sentido de la oportunidad. La apertura del juicio oral contra el lehendakari Ibarretxe y contra los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, así como contra cinco ex dirigentes de la disuelta Batasuna concreta por fin una fecha - el 8 de enero- y puede poner el punto -¿final?- a un proceso embarullado bien cercano al dislate.
Resulta sorprendente que se haya mantenido la imputación por una supuesta cooperación con un delito de desobediencia contra los aludidos cuando la doctrina del Supremo desestimó en su día que hubiera existido responsabilidad penal tras la demanda similar formulada contra el presidente Zapatero en pleno proceso de paz. Tampoco Baltasar Garzón apreció delito en el encuentro entre Patxi López y Arnaldo Otegi, que autorizó, ya que entendía que si hubiera prohibido aquella entrevista hubiera ido más lejos de la suspensión de actividades de Batasuna. Garzón argumentó entonces su posición ofreciendo una salida legal a la izquierda abertzale que superaba por la vía de los hechos la Ley de Partidos si quería comprometerse en la política democrática y rechazar la violencia.
Con estos precedentes, y tras la exclusión de la vista oral de casi todos los magistrados penalistas que han instruido el caso al prosperar diversas recusaciones, la tesis de una posible absolución se perfila con cierta solidez en el horizonte. No obstante, la imagen del lehendakari y los restantes dirigentes sentados en el banquillo pasará a la historia y constituye un acontecimiento que no va a pasar desapercibido y que puede sacudir resortes emocionales en la sociedad vasca. La fotografía tiene efectos colaterales, más aún en un contexto de tensión política en la que el mundo nacionalista necesita banderines de agitación y agravio.
La apertura de juicio el 8 de enero, a dos meses de las elecciones, ofrece evidentemente de entrada una valiosa baza electoral a Ibarretxe en plena víspera de la campaña de las autonómicas, reforzando el perfil victimista que quieren presentar determinados sectores del nacionalismo vasco después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Contraponer la legalidad con la legitimidad y ofrecer mensajes implícitos o explícitos que fortalezcan este choque supone entrar en un territorio peligroso. Esta imagen no la ha buscado Ibarretxe pero será aprovechada para alentar un discurso de deslegitimación general del sistema judicial en absoluto de recibo.
Veremos si el hecho de que López y Ares se sienten también en el banquillo amortigua algo este recurso. Los socialistas están obligados a recurrir a un perfil bajo para enfriar y pasar cuanto antes esta página. Lo deseable es que la sentencia se conozca con rapidez, por supuesto antes de las elecciones.
Por otra parte, el desenlace de este asunto debería también propiciar una reflexión sobre los límites de la figura de la acción popular, que en estos juicios sin acusación particular y sin peticiones del fiscal puede terminar por convertirse en un sucedáneo para trasladar a los tribunales determinados móviles de intencionalidad política instigados desde ámbitos radicales muy minoritarios. España es el único país de la UE donde se mantiene este instrumento. Algo está fallando en el sistema cuando se judicializa tanto la política.
