ECONOMÍA
El juez de Irun firmó el auto después de que una perito confirmase que los avales garantizaban la fianza. Su abogado acudió a la cárcel y le llevó en coche a su domicilio
Bravo, mochila al hombro y con su abogado, sale de la cárcel con semblante serio. /ARIZMENDI
DV. Un año y 83 días ha tardado José María Bravo en recuperar de nuevo la libertad. Esta pasada noche ha dormido ya en su casa de Irun. El principal imputado en el presunto fraude descubierto en la delegación de Hacienda de la villa irunesa abandonó ayer por la tarde la prisión donostiarra de Martutene. Lo hizo acompañado por su abogado, Jesús Urraza, después de que el juez que instruye el caso firmase el auto de puesta en libertad.
La salida de prisión se produjo después de que el instructor del proceso judicial recibiese un informe que certificaba que los avales que presentó la familia del inculpado cubrían ampliamente la fianza exigida. Bravo debía consignar 500.000 euros en metálico o un millón en bienes inmuebles para salir de prisión. La familia optó por la segunda opción y ofreció como garantía cuatro pisos, tres en San Sebastián y uno en Astigarraga, valorados en un total de 1.600.000 euros.
En coche
Había pasado un minuto de las tres y media de la tarde cuando Bravo dejó a su espalda la verja que impide el acceso al centro penitenciario donostiarra. Lo hizo en el interior de un flamante Audi con el que su abogado acudió a recogerle. Jesús Urraza llegó poco después de las dos a Martutene. Tras mostrar su acreditación ante los ertzainas que custodian el edificio, caminó hasta el punto de control de la cárcel. Allí volvió a identificarse y esperó la salida de su cliente. La demora resultó algo más larga de lo esperado. Una hora después, Bravo asomaba desde el interior de la cárcel. Letrado y cliente se dieron la mano. Minutos después, ambos abandonaron la instalación acompañados de un funcionario y caminaron unos metros hasta el coche del abogado, a quien las autoridades permitieron acceder al interior para evitar que el imputado fuera asediado por los medios de comunicación que esperaban su salida.
Serio y con mochila
José María Bravo mostró un semblante serio. Después de más de un año entre rejas, parecía algo más delgado. Vestido con un polo color hueso y una mochila colgada de su hombro derecho, ni siquiera dio opción a los periodistas. Entró al coche, se sentó al lado del conductor y al pasar ante las cámaras se ocultó detrás del parasol del automóvil. El vehículo desapareció en la distancia camino hacia Irun.
La Audiencia de Gipuzkoa había acordado la libertad de Bravo el pasado 14 de julio. Era ya la tercera vez que el letrado Jesús Urraza pedía la excarcelación de su cliente, que permanecía privado de libertad desde el 11 de julio del pasado año. La medida de prisión había sido adoptada después de que el acusado se negara a prestar declaración ante la juez que entonces instruía el caso. El ex director de la oficina tributaria de Irun ya había pisado con anterioridad las celdas de Martutene. Lo había hecho el 18 de mayo tras ser detenido. Bravo permaneció en la cárcel hasta el 12 de junio, en que quedó en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros.
Las acusaciones que se encuentran personadas en el proceso no se han opuesto a la libertad de José María Bravo, aunque todas ellas han exigido que se cumplan los requisitos que la Audiencia Provincial acordó para su excarcelación. El auto del tribunal guipuzcoano obliga a José María Bravo a entregar el pasaporte en el Juzgado de Instrucción de Irun que lleva el caso, y a comparecer semanalmente y cuantas veces sea requerido. Por lo tanto, no podrá abandonar el territorio guipuzcoano sin autorización previa del citado Juzgado. Todo parece indicar que Bravo tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes a firmar en el Juzgado.
La estancia de Bravo en prisión ha transcurrido sin especiales sobresaltos. Su familia, no obstante, denunció hace unos meses un incidente con un recluso. Se trataba de una persona que, según allegados al ex director de la delegación de Hacienda, siempre había realizado «comentarios despectivos» hacia José María. Éste, sin embargo, siempre los ha «ignorado» hasta que un día el citado preso rompió una botella de agua en el economato y mojó «intencionadamente» al ex director de la oficina de la Hacienda de Irun, quien se encaró con él.
Junto a José María Bravo se hallan también imputados su esposa, Rosa Cobos; Pedro María Atristain, que fuera socio de José María Bravo, y la también funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea.
