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Los inspectores han descubierto pisos vacíos, cesiones a parientes y contratos irregulares
DV. El Gobierno Vasco descubrió 3.900 pisos protegidos que estaban siendo utilizados de forma fraudulenta entre 2004 y 2007, lo que representa el 12,6% de las 31.000 inspecciones realizadas durante ese periodo. Según un informe del Departamento de Vivienda, a lo largo del citado periodo fue revisado el 56% del parque público de la comunidad autónoma, que está constituido por más de 55.000 pisos, si bien la mayoría de las visitas se realizaron a partir de 2006, cuando la consejería de Javier Madrazo anunció que daría un fuerte impulso a la lucha contra el fraude en la vivienda de protección oficial (VPO).
De hecho, la vigilancia no sólo se mantendrá en los próximos años, sino que se intensificará con la puesta a punto del Servicio de Inspección del Departamento de Vivienda, cuyos miembros -una decena en total-, ya han sido designados en un concurso oposición y van tomar posesión de sus cargos antes de que acabe este año. Hasta ahora, las revisiones de las VPO y de los pisos de alquiler social las ha estado realizando una empresa que fue contratada por la Administración autónoma repasar de forma exhaustiva todo el parque público de Euskadi, fijando las pautas de trabajo de los inspectores. Entre 2006 y 2007 se efectuaron unas 23.000 visitas, casi tres veces más que las contabilizadas durante los dos años anteriores.
El estudio del Departamento de Vivienda no desglosa los casos de fraude por territorios históricos, pero pone de relieve que la irregularidad más frecuente consiste en mantener el inmueble desocupado después de la adjudicación. «También se ha observado una proporción significativa de casos en los que se ha alquilado la vivienda sin autorización o se ha realizado una compraventa», indican los autores del informe. Igualmente, han detectado inmuebles que estaban siendo habitados por personas distintas de los titulares.
Infracciones prescritas
Según la consejería de Madrazo, las 31.000 inspecciones efectuadas entre 2004 y 2007 demuestran «el énfasis que ha puesto el Gobierno Vasco para asegurar que las viviendas protegidas cumplen la función prevista». El porcentaje de fraudes detectados hasta el año pasado (uno por cada ocho revisiones) ha aumentado respecto a estudios anteriores en los que la muestra de pisos era sensiblemente inferior. Por ejemplo, en 2005, cuando sólo se habían controlado algo más de 7.000 inmuebles, se abrieron expedientes en el 8% de ellos, la mitad de los cuales porque el domicilio estaba desocupado.
De todos modos, el Departamento de Vivienda ya había advertido de que, posiblemente, podrían detectarse infracciones en el 15% de todas viviendas protegidas, pues no habían sido sometidas a control durante bastantes años.
De hecho, el Ejecutivo autónomo ha reconocido la imposibilidad de cerrar una buena parte de los expedientes incoados con una sanción, debido a que las infracciones han prescrito. Por regla general, las multas oscilan entre 1.200 y 6.000 euros, aunque podrían imponerse una y otra vez si la irregularidad persistiese, hasta alcanzar el valor total de la vivienda. «Si alguien no tiene intención de ocuparla, lo mejor que puede hacer es devolverla», declaró el consejero Madrazo. A comienzos de 2007, el Gobierno Vasco había recuperado 46 inmuebles.
El Ejecutivo autónomo, a su vez, ha comprado unas quinientas VPO a sus adjudicatarios iniciales entre 2004 y 2007, en aplicación del derecho de tanteo y retracto. Esas operaciones, de las que 158 se realizaron en 2007, se ponen en marcha cuando una persona quiere vender su piso protegido, pues el Ejecutivo autónomo tiene preferencia para adquirirlo al precio al que fue entregado en su día, corregido por el aumento de la inflación.
