Gobierno en aprietos

L a compleja negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, la brecha abierta con la Generalitat catalana por el desarrollo del Estatut y el eventual efecto de ambos factores sobre la aprobación de los Presupuestos del Estado anticipan un curso político muy incierto para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, urgido además por las consecuencias de la crisis económica. La petición del PP para que el presidente comparezca ante el Congreso para explicar cuáles son sus criterios sobre el reparto de fondos entre las comunidades y la registrada también por ICV y ERC -socios de los socialistas en el tripartito catalán-, a fin de que explique "el incumplimiento" de las previsiones estatutarias, sitúan al Ejecutivo ante la tesitura de tener que afrontar en sede parlamentaria un debate sumamente incómodo. De hecho, la mera mención de esa posibilidad ha realzado ya las serias discordancias existentes entre el Gobierno y el PSC de Montilla, las disparidades surgidas entre las comunidades gobernadas por el PSOE, los roces con los aliados autonómicos y las complicaciones de los socialistas para administrar su insuficiente mayoría en la Cámara Baja.

Los distintos flancos a los que ha de hacer frente el Ejecutivo y su renuncia a procurarse un aliado estable desde el inicio de la legislatura han acabado desembocando en la coincidencia de las fuerzas de oposición para estrechar el margen de maniobra gubernamental, por motivaciones dispares e incluso incompatibles. Esta actitud no está libre de contradicciones. Contradicciones que en el caso del PP se reflejan en las dificultades para conciliar las reivindicaciones de sus 'barones' en torno a la financiación territorial y su giro hacia la moderación en Cataluña con la contundencia del recurso interpuesto contra el Estatut ante el Constitucional. Es dudoso que la comparencia del presidente en el Congreso resulte útil para encauzar la situación cuando la cuestión catalana está en plena efervescencia y el diálogo multilateral con el resto de autonomías se ha pospuesto a septiembre. Pero el Gobierno no sólo debería asumir que su credibilidad se está viendo afectada por la imagen de soledad que proyecta la oposición. También ha de calibrar los riesgos que comportan los condicionantes impuestos por la negociación con Cataluña sobre el conjunto del nuevo sistema de financiación y sobre unos Presupuestos que no puede permitirse prorrogar.