El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido a la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo que ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y EHAK, a los que considera «instrumentos o herramientas» de «ETA-Batasuna» para burlar la sentencia de ilegalización que desde 2003 impide a la coalición de la izquierda abertzale concurrir a las elecciones.

El abogado del Estado expone esa tesis en los dos escritos de conclusiones sobre los procesos de ilegalización contra ANV y EHAK que ayer entregó al Supremo. Al igual que la Fiscalía, que el lunes dio a conocer las suyas, el Ejecutivo subraya que estas formaciones compartían locales, lenguaje, símbolos, fondos y hasta «una caja común o única», que servía para financiar actividades de Batasuna.

El Gobierno subraya que del «análisis conjunto de los actos y tomas de posición» de ANV y EHAK, basado en pruebas e informes realizados por los servicios de información de la Policía, se desprende que estos dos partidos vulneraron «con toda seguridad» la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Hasta el punto, en el caso de ANV, de que esa formación fue «fagocitada por Batasuna, perdiendo su identidad como organización independiente», y en el caso de EHAK la actuación de sus miembros en el Parlamento Vasco estaba «totalmente controlada por el complejo ETA-Batasuna» a través de sus dirigentes Joseba Álvarez y Jone Goirizelaia, según los escritos gubernamentales.

En sus conclusiones, el abogado del Estado incide en que la administración financiera de ANV, EHAK y Batasuna se hizo «desde la sede de EHAK de Usurbil». En el registro de ese local, la Policía halló evidencias de que las tres formaciones compartían una cuenta común en La Caixa, a la que iban a parar sus fondos para luego ser administrados de forma unitaria, según los informes.

Los servicios de Información también encontraron en el local de EHAK las claves bancarias secretas que permitían manejar, a través de internet, las cuentas de ANV, y varias facturas correspondientes a gastos de la ilegalizada Batasuna. Asimismo, el escrito resalta que ambos partidos contrataron a miembros de Batasuna, a quienes abonaron varias cantidades. Para el letrado del Gobierno, todo eso sería «inimaginable» si ANV y EHAK fuesen, como aseguran sus representantes legales, organizaciones independientes «y no meras personificaciones de una única organización».

«Contaminación»

La Abogacía del Estado considera que «ETA-Batasuna» dirigió el proceso de presentación de ANV a las elecciones municipales y forales de 2007. Precisamente, la «contaminación» de muchas de sus listas por la presencia de personas relacionadas con Batasuna dio lugar a que fueran impugnadas por el Gobierno y la Fiscalía, y después anuladas por la Sala del 61. El escrito señala también cómo ANV «asumió» durante la campaña electoral la «simbología habitual» de Batasuna en sus carteles, actuación que no fue casual sino que obedeció «al deseo evidente de identificar ambas formaciones». Por último, recuerda que tras los comicios el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi «no sólo se felicita» por el resultado obtenido por ANV, «sino que lo hace suyo y se atribuye un papel dirigente en la política a desarrollar por ANV en el futuro».

En el caso de EHAK, el Ejecutivo resalta su falta de actividad previa a las elecciones autonómicas de 2005, cuando Batasuna comenzó a hacer campaña a su favor. Después, Batasuna «designó a sus apoderados» para participar en el proceso de votación, y también hizo suyo el resultado obtenido. Tras los comicios, el abogado del Estado recalca que EHAK llevó al Parlamento Vasco los postulados políticos de Batasuna y se convirtió en su «representación política».

Como ejemplos, subraya que EHAK no condenó el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco y que el lehendakari excluyó a esa formación de la ronda de contactos que inició en marzo de 2006 con las fuerzas parlamentarias por entender que bastaba la entrevista que mantuvo con Arnaldo Otegi en abril de ese año. COLPISA