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MAITE ETXANIZ, DIPUTADA FORAL DE POLÍTICA SOCIAL

«El modelo de servicios sociales explotará si no cambiamos el sistema de financiación»

«Debemos analizar la aportación de los usuarios, la presión fiscal y los presupuestos públicos»

FERNANDO SEGURA

Martes, 29 de julio 2008, 04:08

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El actual modelo de financiación de los servicios sociales no será suficiente para afrontar el rápido envejecimiento de la sociedad guipuzcoana. Maite Etxaniz, diputada foral de Política Social, no tiene pelos en la lengua al advertir que si no se cambia el modelo, el sistema «explotará». Propone una receta mixta: analizar la aportación de los usuarios, la presión fiscal y los presupuestos públicos. Señala que se impone lograr un gran pacto social y político. De lo contrario, advierte, «el sistema será ingobernable».

- ¿El modelo de servicios sociales guipuzcoano puede quebrar ante el rápido envejecimiento de la población?

- Estamos ante un grave problema. En 2007 se contabilizaban 124.420 personas mayores de 65 años y en 2012 se elevarán a 142.000. Las personas mayores de 80 años supondrán el 6,4% de la población en 2012. El envejecimiento conlleva más dependencia y estamos viendo que los datos del Libro Blanco se están quedando retrasados no solo en Gipuzkoa, sino en todo el Estado. Este diagnóstico fue compartido el miércoles por todos los consejeros de las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Territorial. Nosotros preveíamos 4.165 personas con gran dependencia cuando, tras las valoraciones realizadas en estos meses, el número asciende a 8.517. Este es el cuadro en el que nos movemos y hay que ver cómo afrontamos el reto.

- ¿Las necesidades son infinitas?

- Hemos elaborado el Mapa de Servicios Sociales, la hoja de ruta de Gipuzkoa para los próximos años. Se aprobará en otoño y requerirá un gran esfuerzo presupuestario. Por otra parte, existe un marco legal que está cambiando. La Ley de la Dependencia, la Ley de Servicios Sociales, la futura Ley de Garantía de Ingresos, el Plan Sociosanitario... Este amplio marco normativo recoge los derechos sociales y conlleva la necesidad de aportar más recursos. Todavía nos queda un tramo para llegar a las tasas de cobertura europeas. Ahora bien, si queremos llegar a ese nivel, también hay que analizar cómo se sostiene el sistema en esos países.

- De lo que me dice, se deduce que el modelo financiero actual no es capaz de afrontar este reto...

- Efectivamente, el sistema actual no va a responder, tendrá que cambiar. Debemos analizar la aportación de los usuarios de los residencias y de otros servicios sociales (copago), el sistema fiscal, las prioridades de las administraciones... Hablamos de unos derechos amparados por la ley. Estamos obligados a garantizarlos y esta exigencia debe tener su reflejo en los presupuestos públicos.

- ¿Si éstos no se elevan en la medida suficiente, serán los usuarios los que aporten el dinero que falte para cuadrar las cuentas?

- Es una pregunta a la que no puede responder sólo la diputada de Política Social. Es un debate que hay que trasladar a la sociedad. Ha llegado el momento de hacerlo, tenemos todos los mimbres para generar el cambio. Repito. No sólo se trata de la aportación de los usuarios, están también las medidas fiscales, presupuestarias... Habrá que tomar decisiones.

- El copago ya existe. ¿Se trata de darle otra vuelta de tuerca, añadiendo la vivienda del usuario como elemento para sufragar el coste de la plaza?

- A nivel de Estado se está debatiendo tomar en cuenta o no la primera vivienda a la hora de pagar la plaza en las residencias. En Gipuzkoa no se tiene en cuenta hasta un nivel medio de su valor.

- El debate político que generará el cambio de modelo será de alto voltaje, dado que es un tema que se presta a la demagogia...

- Tenemos que acordar unos mínimos, alejados de los intereses partidistas. Estos mínimos deben ser respetados, gobierne quien gobierne. A partir de este denominador común, cada formación puede plantearse cómo afrontar los extras. Estamos lejos de lograr esa paz social que asegure los derechos sociales mínimos. En política social nunca se hace lo suficiente, las necesidades siempre estarán ahí.

- ¿No cree que la polémica estará servida, en cuanto se pida un mayor esfuerzo económico a los usuarios?

- Esta no será la única vía. Insisto en que también habrá que tener en cuenta las políticas fiscales y presupuestarias. La Diputación de Gipuzkoa ha dado ejemplo de ello, con incrementos sostenidos en las partidas destinadas al departamento de Política Social. En esta legislatura, el aumento ha sido del 20% y tenemos que continuar en esta línea.

- La receta, por tanto, será mixta: copago, medidas fiscales y aumento de los presupuestos.

- Sí. Además, cuando tratamos de estos temas, siempre hablamos de gasto, pero nos olvidamos de que las actuaciones en servicios sociales conllevan una repercusión económica positiva. Por ejemplo, este sector es un gran nicho de empleo. En Gipuzkoa estamos planteado del orden de 1.500 nuevos puestos de trabajo hasta el 2012. Los retos tenemos que convertirlos en oportunidades.

- Parece que estamos ante la tormenta perfecta: más gasto social, menos ingresos por la crisis y conflictividad laboral.

- Igual es un mensaje demasiado ingenuo, pero es el momento de plantearse los retos. Si no les hacemos frente ahora, el sistema va a explotar. No se puede seguir manteniendo el ritmo de gasto social con este modelo y sin plantearnos cómo va a ser el futuro. La Diputación ha diseñado un Mapa de Servicios Sociales con vigencia de cuatro o cinco años, pero qué va a pasar después, cuando la población haya envejecido todavía más y la red familiar sea más débil y no pueda atender a las personas mayores o a los discapacitados.

- Los indicadores de peligro deben estar al rojo vivo, cuando usted se atreve a ser tan explícita o cuando otra voz autorizada, como la del diputado general de Álava, haya alertado de que «quizá la vaca no pueda dar más de sí»...

- Además de los mensajes de peligro, el hecho fundamental estriba en que queremos crecer en el tema de servicios sociales. Nadie se plantea dejar de prestar servicios o de garantizar derechos. Para mantener lo que tenemos, la alerta puede estar más o menos en rojo pero, para seguir creciendo, debemos afrontar los retos.

- Uno de los síntomas de los problemas del sector ha sido denunciado por los responsables de los geriátricos guipuzcoanos, que han alertado de la falta de personal y están contratando inmigrantes para suplir esta carencia. ¿La calidad de la atención está garantizada?

- Se está contratando a inmigrantes, pero no en gran número. En este caso estamos de nuevo ante una oportunidad. Podemos dar formación y empleo a un sector de población que se verá muy afectado por la crisis: mujeres, mayores de 40 años e inmigrantes. Estamos trabajando en la puesta en marcha de una unidad de formación de auxiliares de geriatría, que es lo que nos compete. De la Diputación no depende la formación ni de enfermeras ni de médicos.

- Estos mismos responsables piden a la Diputación que se implique económicamente para elevar los sueldos del sector y así hacer atractivos los empleos que ofrece. ¿Qué opina?

- El convenio vence el 31 de diciembre y los trabajadores tendrán que negociar las nuevas condiciones con sus patronales. Este es un tema que también se tiene que analizar a la hora de plantear el cambio de modelo. No se puede pedir la gratuidad de los servicios, que mejore su calidad, subir los convenios y no aumentar la presión fiscal. Este esquema es el que se cae. Alguna de estas variables deberán cambiar para que el modelo se mantenga.

- ¿Cree realmente factible que con tantas variables se puede lograr un gran pacto social?

- No tenemos otro remedio. El desprestigio de los políticos y las luchas intestinas que padecemos en este país contribuyen a que todo se cuestione. Pero hay cosas que deben estar por encima de las luchas partidistas. Si no llegamos a ese pacto que se eleve sobre la polémica del día a día, no importa que gobernemos nosotros u otros, porque el sistema en sí será ingobernable.

- Ha pasado el primer año de legislatura. ¿Cuál ha sido el mayor problema al que se ha enfrentado?

- El problema de los menores en general y, en particular, el de los menores inmigrantes. El tema saltó el verano pasado, nos cogió por sorpresa, estábamos recién llegados. Fueron momentos duros, especialmente para los chavales y sus educadores. Nos sirvió para constatar que los recursos que teníamos eran claramente insuficientes. Reaccionamos rápido y decidimos dotarnos de una red suficiente, algo que quedó plasmado en el presupuesto en vigor. No podemos mirar hacia otro lado, tanto por convicción moral como por obligación legal. Somos tutores legales de estos menores y tenemos que dar una oportunidad a estos chavales para que alcancen una vida digna.

- En ciertos temas han ido a remolque de la oposición, por ejemplo en la puesta en marcha de recursos de atención inmediata a mujeres maltratadas.

- Ni mucho menos. Ya hemos adjudicado la gestión del centro de atención de urgencia. Sólo nos hemos retrasado un mes respecto a lo previsto.

- Su departamento ha sido muy reticente a la subida de las pensiones más bajas hasta el SMI. ¿Por qué han sido tan tacaños?

- Este tema es competencia del Gobierno Vasco y sabíamos que iba a aprobar la subida. De hecho, ha sido EA quien ha promovido esta medida en el Ejecutivo autónomo. En la Diputación no estábamos en contra, se trataba simplemente de respetar la competencia de cada institución. Este mes van a cobrar el incremento 1.144 personas.

- ¿Se están cumpliendo las previsiones de la Ley de Dependencia?

- Vamos mejor de lo esperado. Llevamos 20.847 valoraciones y hemos tramitado 3.123 solicitudes de prestaciones económicas, el 65,7%.

- ¿En el segundo año de legislatura, cuáles serán las prioridades?

- Las enfermedad mental y el servicio sociosanitario. Son dos carencias claras. En el primer caso, hemos abierto un piso en Legorreta y en septiembre pondremos en marcha un centro de día en Beasain. Vamos a ampliar un centro de día en Eibar. Antes de fin de año inauguraremos una miniresidencia con 20 plazas. También se prevé un incremento de 673 plazas en unidades psicogeriátricas. Las obras ya se han iniciado en varias residencias.

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