AL DÍA
Trece asociaciones proponen cuatro medidas «simples pero revolucionarias». «Nuestro planteamiento sólo funcionará si existe implicación y solidaridad social»
Silvia Carrizo, a la izquierda, escucha a representantes de asociaciones de inmigrantes. /DAVID APREA
TRABAJADORAS INTERNAS
DV. Invisibles, minusvaloradas y sumergidas en la economía B, las cientos de inmigrantes que trabajan como internas en el servicio doméstico en Gipuzkoa reclaman unas condiciones mínimas que les garanticen un empleo que se parezca más a un puesto digno y menos a una forma de neoesclavitud.
Representantes de trece asociaciones de inmigrantes que han recabado la adhesión de ELA, LAB y ESK presentaron ayer en San Sebastián un programa de «condiciones mínimas» para las inmigrantes que trabajan como internas en hogares guipuzcoanos.
Si las condiciones en las que las inmigrantes trabajan cuidando niños y ancianos suelen tan precarias como las que se derivan en muchas casos -todas las vulnerabilidades asociadas a una residencia irregular, sin papeles, en el caso de las que trabajan como internas...-, su situación es de «invisibilidad y sometimiento a condiciones laborales que definimos como de neoesclavitud», denunció ayer Silvia Carrizo, responsable de Malen Etxea.
Dos horas al día
Esta entidad de Zumaia, que atiende a los problemas específicos de inmigrantes, ha aglutinado a una docena de asociaciones de personas llegadas de fuera para hacer público cuáles son los mínimos exigibles a quienes contratan a una persona para que trabaje en su domicilio. Las inmigrantes reivindican, entre otras condiciones, que cuando se empleen como internas su sueldo no sea inferior a los 900 euros al mes y que dispongan de dos horas libres al día y de un día y medio a la semana.
Cuando el trabajo es nocturno, es decir, de 9 de la noche a 8 de la mañana, el sueldo no debería ser inferior a los 705 euros al mes. Si se trata de velar a enfermos en hospitales, reclaman 70 euros por noche.
Silvia Carrizo subrayó que «este planteamiento sólo funcionará con solidaridad social, si la gente conoce las condiciones mínimas en las que debería contratar a una empleada». Ironizó sobre las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar «porque muchas veces esa conciliaciòn se resuelve contratando a una mujer, una muy específica: extranjera y pobre. Creo que como sociedad, debería plantearse un debate sobre esta cuestión».
Carrizo justificó la insistencia en marcar mínimos, « porque en este sector de trabajo, vinculado a la economía sumergida, fuera de todo orden legal, donde la irregularidad es la norma, los acuerdos mínimos son los únicos que pueden garantizar condiciones de equidad social».
«Son medidas muy simples pero revolucionarias», apostilló Carrizo, que vinculó el éxito de la iniciativa a que «se produzca una difusión masiva entre los ciudadanos, para que todos sepamos cuáles son los mínimos. Desde un punto de vista institucional, desde Euskadi no se puede plantear una solución integral a este tema y por eso recurrimos a la sensibilidad de todos para hacer visible la situación de las mujeres inmigrantes». urrutia
