Tras varias decisiones judiciales contradictorias, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido unificar criterios al acordar, por unanimidad, que mantener el nombre de una calle a un terrorista no constituye una acción delictiva. A juicio de los magistrados el delito sólo puede cometerse mediante "un comportamiento activo" del alcalde del municipio correspondiente y no a través de la "mera omisión".

El máximo órgano de la Sala de lo Penal tenía que pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra el auto del juez Santiago Pedraz, que decidió archivar la querella contra el alcalde de Lejona (Vizcaya), Eneko Arruabarrena (PNV), con el argumento de que la militancia etarra de Eustaquio Mendizábal, 'Txiquia', y Txabi y Joseba Etxebarrieta, a los que se dedican dos calles del municipio, no está acreditada.

Los magistrados han decidido rechazar el recurso y fijar directrices ante nuevos casos similares. En un auto suscrito por 17 de los 19 jueces que componen la Sala de lo Penal, se establece que el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas sólo puede perseguir hechos cometidos a partir del 24 de diciembre de 2000, fecha en la que entró en vigor la reforma de Código Penal que introdujo esta tipificación. También ha quedado establecido que estar de acuerdo con la decisión de un alcalde que dedicó una calle a un terrorista no constituye una actuación delictiva.

Casos similares

En la Audiencia se han presentado diez querellas que tienen que ver con la asignación de nombres de calles o espacios públicos a terroristas, todas en municipios del País Vasco salvo una en Navarra, y varios jueces han dictado resoluciones discrepantes.

Así, Pedraz también rechazó la querella contra el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya) por mantener una plaza del municipio dedicada al etarra José Miguel Beñaran 'Argala', aunque la sección tercera de la sala de lo penal le ordenó investigarla.

Mientras, la decisión del juez Ismael Moreno de archivar otra denuncia contra el regidor de Amorebieta (Vizcaya) fue ratificada también en mayo por la sección cuarta, que tampoco consideró que incurriera en ningún delito porque no participó en el pleno municipal que acordó dedicar la vía a los etarras Juan Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, ejecutados en 1975.