Efectivos de los servicios de Información de la Guardia Civil interrogaron ayer en secreto en el cuartel bilbaíno de La Salve al ex presidente de la compañía siderúrgica Sidenor, Sabino Arrieta Heras, en relación a los supuestos pagos de esta empresa a ETA como parte del denominado 'impuesto revolucionario'. El consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, ya fue detenido esta semana para aclarar el presunto de allegamiento de fondos a la banda.

Según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, Arrieta declaró durante una hora. El ex alto ejecutivo aseguró, tal y como hiciera Jainaga, que su empresa nunca cedió al chantaje terrorista.

El interrogatorio de Arrieta se deriva de los documentos incautados el pasado mayo en el piso de Burdeos donde fue detenido el supuesto jefe del aparato político de la banda terrorista, Francisco Javier López Peña, Thierry.

La Guardia Civil infiere de esa documentación que Sidenor pagó 90.000 euros a ETA en 2004, cuando Arrieta era el máximo accionista de la siderúrgica, que a finales de 2005 fue vendida al grupo brasileño Gerdau. Los papeles de Thierry también apuntan que ETA aún exigía otros 90.000 euros a la empresa, que no fueron satisfechos.

El ex directivo, durante su declaración, reconoció ayer que la empresa había recibido cartas de extorsión, pero que él no tenía conocimiento de que se hubieran allegado fondos.

Sabino Arrieta, además de por su faceta empresarial, también es muy conocido por su pasada vida política. Fue viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco con Luis María Retolaza y miembro de los ejecutivos autonómicos de Garaikoetxea y Ardanza.

Empresarios interrogados

El ex presidente de Sidenor es el quinto empresario interrogado en las últimas semanas en el marco de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el pago del denominado 'impuesto revolucionario'. El pasado junio el magistrado encarceló a las hermanas empresarias María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, acusadas de haber financiado de manera voluntaria a ETA. Ambas quedaron en libertad el viernes tras satisfacer una fianza de 20.000 euros.

El pasado martes tuvo lugar el interrogatorio a Jainaga y, al día siguiente, 2 de julio, se registró el domicilio del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, que fue secuestrado en 1983 en Azpeitia por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucín S.A. y que quedó en libertad diecisiete días después.

José Antonio Jainaga, manifestó que no pagó a ETA, «ni en esta empresa, ni en ninguna otra» de las que estuvo antes. Ante las informaciones que apuntan a que Sidenor pagó en 2004 una cantidad a la organización terrorista y que ahora les reclamaban una nueva entrega, aseguró que «simplemente miente» quien diga que pagó ese dinero a ETA en 2004 y precisó que así lo declaró ante la Guardia Civil. Jainaga añadió, además, que no le consta que nadie antes hubiera accedido en Sidenor al chantaje de ETA. «Jamás he oído hablar de algo así y nadie me ha dicho algo de ese estilo», afirmó.

Las medidas adoptadas por Garzón para investigar la trama de extorsión de ETA han despertado críticas de la mayoría de los partidos vascos y de las organizaciones empresariales del País Vasco. Éstas últimas señalaron que los empresarios son víctimas de ETA y no delincuentes.

Por su parte, Sabino Arrieta encabezó el grupo de empresarios vascos que en 1995 se hizo con la propiedad de Sidenor en el proceso de privatización y que consiguió convertir la firma en un potente grupo siderúrgico. El principal accionista de la compañía cerró a finales de 2005 la venta del grupo a la multinacional brasileña Gerdau.

El juez de la Audiencia Nacional podría citar a los dos ex directivos de Sidenor y a Guibert como imputados, aunque fuentes judiciales apuntan que sus declaraciones ante la Guardia Civil son un formalismo judicial del caso. COL PISA