NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Los grandes establecimientos tendrán entre dos y cuatro años para adaptarse. Patxi Baztarrika asegura que la norma es «razonable, flexible y progresiva»
El decreto afecta sólo al 6,5% de los establecimientos, pero todos pueden obtener voluntariamente el Sello de Compromiso. /FRAILE
¿A QUIENES AFECTA?
DV. Cuatro años y medio después de que el Parlamento Vasco aprobara la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, y tras un largo período de debate con los principales representantes del sector, el Gobierno Vasco ha aprobado y presentado el decreto que desarrolla uno de sus capítulos más controvertidos: el relativo a los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Vasca. El derecho, en definitiva, a «recibir en las dos lenguas oficiales la información sobre bienes y servicios, así como a usar cualquiera de ellas en sus relaciones con los establecimientos y empresas comerciales que operen en el territorio de la CAV».
«No hemos inventado derechos, sino que, tal como corresponde a los poderes públicos, hemos garantizado los existentes», afirmó el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, al presentar el decreto y detallar sus contenidos en compañía del viceconsejero de Consumo, Rodrigo García Azurmendi. Baztarrika destacó que, frente a los avances que se han producido en otros terrenos, «la presencia del euskera es muy escasa en el ámbito socio-económico y laboral». «Hoy todavía es prácticamente testimonial la presencia del euskera en muchas empresas y establecimientos públicos, lo que en muchos casos impide a los ciudadanos utilizar la lengua oficial de su elección», recordó al referirse a un decreto que, en su opinión, «es razonable, está elaborado con los pies en el suelo y en términos de progresividad y flexibilidad, tras intensos y productivos procesos de intercambios de opiniones, ya que 37 organismos que representan al sector han participado en la elaboración del mismo».
Los pequeños, exentos
El decreto, que entrará en vigor en las próximas semanas tras su publicación en el BOPV, es un documento denso y detallado que define todos los tipos de empresas y establecimientos abiertos al público que tendrán que acomodarse a las pautas que establece y que fija distintos niveles de obligación, así como distintos plazos de cumplimiento, en función de cada tipología.
En términos generales, es un decreto que afecta a las grandes empresas y a los grandes establecimientos comerciales, que se consideran «estratégicos para el avance en la recuperación del euskera y establecen un gran número de relaciones con la ciudadanía». «El pequeño comercio y las microempresas quedan exentas de cumplir con las obligaciones establecidas en el decreto. Esto no afecta ni a la panadería del barrio ni al bar de debajo de casa», subrayó Patxi Baztarrika. Además de la naturaleza y las dimensiones de las empresas a las que concierte la nueva norma -que se detallan en el cuadro adjunto-, para garantizar la «progresividad» en la aplicación del mismo se tendrá también en cuenta «la realidad sociolingüística de la zona en la que se ubican». Igualmente, «en función del tipo de empresa y de la obligación definida, se fijarán plazos diferentes -que oscilan para las empresas privadas entre los dos y los cuatro años-, para cumplir con las nuevas obligaciones.
Rodrigo García Azurmendi adelantó que el decreto tendrá influencia en el comportamiento lingüístico de unas 2.000 de las 31.000 empresas que se relacionan con el gran público en Euskadi: el 6,5% del total de establecimientos, aunque por sus dimensiones asumen el 35% de la cuota de mercado y controlan el 45% de la superficie de venta.
Un sello y nuevas ayudas
Las obligaciones a las que tendrán que hacer frente los establecimientos concernidos se refieren a todos los soportes de relación con el público (rotulación, impresos, contratos, formularios, megafonía...), así como a las relaciones directas con usuarios y consumidores, tanto presenciales como a través de medios telemáticos. El catálogo de obligaciones varía en función de la naturaleza de cada empresa o establecimiento y, siendo bastante preciso, no detalla cuestiones como, por ejemplo, el número de empleados que tendrán que ser capaces de relacionarse con el público en las dos lenguas oficiales o el nivel de euskera que tengan que tener.
«No vamos a poner guardianes lingüísticos ni vamos a ejercer presiones, y cada empresa o establecimiento tendrá que decidir cómo se compromete y responde a sus obligaciones», destacó Patxi Baztarrika. El grado de respuesta y de cumplimiento se verá avalado por un Sello de Compromiso Lingüístico vinculado al decreto que, pese a tener características propias, se integrará en el sistema general de certificación lingüística Bikain y será gestionado por la Viceconsejería de Política Lingüística.
Patxi Baztarrika, que al igual que Rodrigo García Azurmendi aseguró ser más «más partidario de la persuasión que de las sanciones» y no se mostró especialmente favorable «al modelo que se ha adoptado en otras comunidades», en referencia a la práctica sancionadora que predomina en Cataluña, adelantó que en breve se convocarán ayudas económicas para apoyar a las empresas y establecimientos que tengan que dar un paso hacia el bilingüismo. nazurmendi
