IRUN
EB propone saldar «la deuda histórica» de VPO en la revisión del Plan General
Manuel Millán, portavoz de EB-B explica, las conclusiones de su grupo. /F. DE LA HERA
LOS DATOS
DV. El grupo político de Ezker Batua-Berdeak ha remitido al alcalde de Irun, José Antonio Santano, un conjunto de reflexiones sobre los suelos destinados a usos residenciales, con la intención de que sean incluidas en el diagnóstico de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, hecho público la semana pasada. Tres son las conclusiones que resumen el documento redactado por EB-B, en el que solicita al alcalde que sus planteamientos sean tomados en consideración en el Avance de la revisión del PGOU.
En primer lugar, este grupo político considera «que la oferta de suelo residencial existente en la actualidad no sólo es suficiente, sino que incluso es superior a las necesidades del crecimiento de población previsible», señala el portavoz de Ezker Batua-Berdeak en el Ayuntamiento, Manuel Millán.
En su opinión, «es evidente que si la suma de viviendas construidas en la última década (2.620) más las que se encuentran en construcción (1.080) alcanzan 3.700, para la próxima década resultan suficientes los suelos residenciales habilitados, que podrían albergar hasta 4.570 nuevas viviendas. Todo ello, si consideramos un crecimiento poblacional similar al experimentado en los últimos diez años y que sitúa en 69.000 habitantes la población de Irun para 2020. Estos cálculos desmienten que sean necesarios nuevos suelos residenciales, como manifiesta el diagnóstico». Ezker Batua-Berdek plantea, en segundo lugar, en sus conclusiones que el parque de viviendas actual tiene «un bajo aprovechamiento». Señala que, según los estudios realizados por el Gobierno Vasco y descartando las segundas residencias, «existen en Irun alrededor de 1.339 viviendas desocupadas, susceptibles de aprovechamiento».
Por otra parte, el 44% de las viviendas están habitadas por 1 ó 2 personas, alcanzando la cifra de 5.000 las ocupadas por una sola persona. «Esto nos indica que en las nuevas construcciones debe darse una adaptación a la demanda ofertando viviendas con superficies más adecuadas». Además, el grupo político de Ezker Batua-Berdeak pone de manifiesto que «se han realizado promociones con muy baja densidad de viviendas por hectárea, como Aranibar (22,4), Puiana (40,10) o Ribera (17,8), cuando la media estimada como adecuada para la sostenibilidad residencial es de 75.
En consecuencia, EB-B cree que «los criterios básicos de actuación deberían incidir sobre la vivienda desocupada, modificar y reducir la superficie en las ofertas de nuevas viviendas y lograr una densidad más acorde con las necesidades de la ciudad».
Por último, Ezker Batua-Berdeak considera que el diagnóstico «pasa de puntillas» sobre las viviendas protegidas. En opinión de este grupo político, «el importante crecimiento residencial experimentado en la ciudad, acompañado de un fuerte ritmo de construcción de nuevas viviendas, no ha servido para facilitar el derecho de acceso a la vivienda».
Ezker Batua-Berdeak sitúa el balance de las viviendas protegidas construidas «muy por debajo del 20% que establecía la Ley de 1994» y califica de «testimonial» la oferta de viviendas protegidas de alquiler.
El documento de diagnóstico presentado la semana pasada establece que las VPO alcanzan el 17% de las viviendas construidas, «pero ese cálculo se ha hecho», según aseguró Manuel Millán, «sobre las VPO ya realizadas (Olaketa, Iparraguirre, Palmera-Montero y Zurbaran) y las que están en ejecución (Beko-Errota, Arretxe, Alzukaitz y Andrearriaga).
Considera que existe «una deuda histórica de VPO con la ciudad como consecuencia, entre otras cuestiones, de que San Miguel Anaka es un fraude de ley, al proyectar el estandar de VPO de la ciudad en un ámbito de difícil gestión y dudosa viabilidad».
Manuel Millán concluye que lo más preocupante «no es la deuda histórica de VPO, sino la ausencia de criterios que permitan cancelar esta deuda en el futuro, ya que la mejor proyección del equipo de Gobierno para las viviendas protegidas, nos situaría, en el año 2020, en el 31,83%, un porcentaje a la cola del País Vasco, que se sitúa en torno al 40%».
Por todo ello, el grupo político de Ezker Batua-Berdeak considera que «en el avance debería haber cambios de criterio importantes que permitan responder a las necesidades que exige el derecho de acceso a la vivienda».
