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San Sebastián. DV. ETA vuelve a jugar su tradicional carta de desestabilización en la decisiva encrucijada política vasca. La organización terrorista regresa a las masacres de los años 80 e incorpora a su objetivo de forzar al presidente Rodríguez Zapatero a reabrir una negociación otra pretensión, la de ahondar la división en el nacionalismo institucional. Las últimas amenazas en los comunicados de ETA contra los socialistas y los nacionalistas son reveladoras de esta estrategia de dosificada presión.

Además, la organización terrorista quiere aprovecharse del previsible desacuerdo entre el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe en la cumbre del próximo martes en La Moncloa y aprovecharse de un presumible 'choque de locomotoras' entre nacionalistas y socialistas en el marco de una dura campaña electoral para desbordar el actual marco estatutario.

La vuelta de ETA a las masacres de los años ochenta no sólo pretende obligar de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero a abrir a medio plazo una nueva negociación sobre las tesis recogidas en el preacuerdo de Loiola, negociado en otoño de 2006 por dirigentes del PSE, PNV y Batasuna aunque en ningún momento firmado. Aquellas posiciones, planteadas en el borrador fraguado en otoño en el santuario de Loiola, admitían el engarce del derecho a decidir en las reformas del Estatuto vasco y del Amejoramiento foral navarro una vez que sendas mesas de partidos en ambas comunidades hubieran alcanzado respectivos acuerdos en ausencia de violencia para su incorporación en el ordenamiento jurídico-político dentro del respeto a las reglas de juego, a las libertades y a los derechos de los ciudadanos.

También abogaba por la constitución de un órgano institucional común entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra con capacidad legislativa. La discrepancia se produjo porque la izquierda abertzale, tras evacuar consultas con «las bases», quiso un compromiso para que este órgano elaborase en el plazo de dos años un nuevo estatuto de autonomía común, es decir, un nuevo marco político para ambos territorios. Socialistas y nacionalistas rechazaron estas pretensiones por entender que eran un «chantaje» antidemocrático de ETA, que quería «tutelar» los posibles acuerdos entre los partidos.

El atentado de Legutiano confirma la consecuencia de aquella ruptura. ETA ha decidido mostrar toda su capacidad operativa para desmentir una supuesta imagen de debilidad. Lo hace, en primer lugar, mediante una intensificación del chantaje económico a gran escala. ETA necesita dinero para financiar sus actividades. También mediante el acoso directo a las bases socialistas y a través de una amenaza al PNV que va 'in crescendo', pero que todavía evita un ataque frontal que, quizá, favorecería un cierre de filas entre los jeltzales. Trata de forzar al PSOE a que dé luz verde a una mesa de diálogo sobre las bases de las conversaciones de Loiola, además de pasar factura al PSE por el fracaso del último proceso de paz.

Presión directa

Los especialistas consultados interpretan que ETA va a intentar exhibir fortaleza mediante la ejecución de atentados de impacto en los próximos meses antes de realizar una posible oferta de negociación, quizá después del verano. Con carácter previo, ETA -en donde la correlación de fuerzas de su comité ejecutivo es inestable después de la ruptura del alto el fuego, según medios nacionalistas- recurre al acoso puro y duro para forzar la negociación de un nuevo marco jurídico-político basado en el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la territorialidad. Unas concesiones que, en cualquier caso, vayan más lejos que el esquema 'paz por presos', que califica como un modelo «de rendición» y que rechaza de forma categórica.

La estrategia de ETA se basa primero en la intimidación directa de cargos públicos y militantes del PSE y PSN, así como contra sus sedes. La organización terrorista quiere que las bases socialistas sean las que terminen por presionar ante sus dirigentes para reactivar la vía del diálogo. El asesinato del socialista Isaías Carrasco ha generado disensiones internas en el MLNV, pero, de nuevo, el regreso de ETA a la violencia «en todos los frentes» ha zanjado la discusión de forma traumática.

El Gobierno de Zapatero descarta de forma taxativa volver a abrir un proceso similar al de la pasada legislatura. No sólo porque no existen aún las más mínimas condiciones en el seno de ETA de querer acabar, sino porque el desenlace frustrado del último intento de final dialogado ha reforzado las tesis de quienes creen que cualquier escenario futuro debe basarse en una estrategia compartida con el PP y los nacionalistas vascos y en una mayor cobertura de la opinión pública española.

La organización terrorista pretende también desestabilizar al PNV y torpedear los posibles intentos de reconstruir los puentes en Euskadi. Los expertos antiterroristas se muestran cautos sobre este acoso al PNV, pero intuyen que puede ir en aumento. El Gobierno Vasco ha ordenado poner en marcha servicios de escoltas a cargos nacionalistas que hasta ahora carecían de protección.

Pero la ofensiva terrorista de ETA, puesta de relieve en el último atentado con coche bomba contra la casa cuartel de Legutiano y el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel, complica objetivamente el margen de maniobra del lehendakari Ibarretxe, que quiere convertir su estrategia a favor del derecho a decidir en la última recta de su mandato como la fórmula que active una mesa de partidos y propicie las condiciones favorables a un final dialogado de ETA, incluso mediante un protagonismo de las instituciones vascas en estos procesos de diálogo.

Significativamente, la propuesta anunciada por el lehendakari recoge la resolución del Congreso de los Diputados aprobada en mayo de 2005 que autorizaba un final dialogado si se vieran señales inequívocas en ETA de querer acabar pero mutila la referencia a que estas conversaciones se diesen entre el Gobierno central y los etarras que decidiesen dejar las armas. De esta forma se avala que sean las instituciones vascas -y no las del Estado- las que piloten en un futuro un eventual proceso de reincorporación a la sociedad de los terroristas de ETA que decidan dejar la violencia.

En determinados ámbitos nacionalistas se interpreta que, con la actual relación de fuerzas en el seno de ETA, la propuesta del lehendakari puede inclinar la balanza definitivamente hacia los sectores partidarios de silenciar las armas. Otros ámbitos se muestran mucho más escépticos y recuerdan los mensajes hostiles de la izquierda abertzale y de ETA contra el PNV y la hoja de ruta de Ibarretxe para advertir de la beligerancia que se vislumbra y del enorme error estratégico que supone esta oferta, que no va a servir, en su opinión, para desactivar la maquinaria del terror y que puede proporcionar oxígeno político a ese mundo porque vuelve a confundir «la solución de la normalización con la paz». Una línea divisoria que había quedado clara en el Pacto de Ajuria Enea pero que ahora vuelve a difuminarse con el discurso de Ibarretxe sobre el derecho a decidir. Los nacionalistas replican que fue el PSOE, al avalar la mesa de Loiola, el que aceptó mezclar ambos planos.

'Préstamo' de EHAK

Los especialistas consultados coinciden en valorar que la estrategia de presión busca llevar al PNV a un callejón sin salida y propiciar una fractura interna a favor de las posiciones soberanistas en detrimento de los sectores más pragmáticos, que contemplan con malestar la posibilidad de que la propuesta de Ibarretxe obtenga luz verde en el Parlamento Vasco en el pleno previsto el 27 de junio gracias a los escaños de EHAK «aunque sólo sea para enredarnos y hacernos daño». Esta posibilidad -la de un 'préstamo' envenenado a Ibarretxe- es una de las hipótesis de trabajo que se manejan, incluso aún cuando la propuesta del lehendakari incorpore una dura crítica a la violencia. EHAK podría después justificar su posición con una declaración más ortodoxa.

Pero este temor apenas aflora al exterior. El nacionalismo institucional ha cerrado filas de forma muy clara en torno a Ibarretxe. Los socialistas consideran que detrás de esta posición del PNV se intuye un mecanismo de supervivencia para no perder el poder institucional. Pero que no ha cuajado aún un solvente y compacto proyecto estratégico unitario, lo que explicaría las diferentes lecturas que la dirección jeltzale y Ajuria Enea realizan de la propuesta del lehendakari, que incorpora a su hoja de ruta el documento de Loiola.

El presidente del PNV ha hecho una lectura reformista de un posible nuevo marco jurídico para «profundizar en el autogobierno» y dar un paso «de gigante» para una nueva generación. La izquierda aber-tzale, dolida aún con el papel de los jeltzales en las conversaciones de Loiola, ve con desconfianza la última propuesta de Ibarretxe, pero en privado reconoce que puede ser una fórmula para recuperar aquel diálogo frustrado y para contar como aliado con el nacionalismo institucional, ya no liderado por Josu Jon Imaz, y para poner en marcha una masa crítica en apoyo del derecho de decisión que fuerce una negociación con el Estado. La clave, se insiste, es que Ibarretxe y el tripartito busquen los apoyos en el Parlamento Vasco y expliquen para qué quieren esos votos.