SAN SEBASTIÁN. La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados manifestó ayer su «indignación» contra la resolución del Tribunal Constitucional que avala por 7 votos a 5 que se puedan elevar las penas en caso de que el varón sea el agresor y la mujer la víctima, en relación con la ley de violencia de género. Para esta organización, con sede en Donostia y presidida por Justo Sáenz, esta norma constituye una «agresión» al artículo 14 de la Constitución. El mismo establece la igualdad de los españoles ante la ley, sin «que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social».
Desde la confederación de padres y madres separados creen que la ley de violencia de género «rompe» las reglas de juego fundamentales del Estado de Derecho y establece una «restricción» de los derechos de los ciudadanos. Añade que se trata de una norma de discriminación positiva «en función de la condición sexual del sujeto activo y pasivo de una conducta antijurídica y socialmente reprochable, y no en base al resultado o peligrosidad de la conducta misma».
Insisten en que la ley está resultando «a todas luces ineficaz» en la lucha contra la violencia sobre la mujer, por lo que aún se entiende menos el «empeño de los gobernantes» en justificar el «sacrificio del principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley». La confederación cree que se procede así a «reformas encubiertas, no declaradas y fraudulentas de la Constitución» y considera que «ni siquiera el aval» del TC «podrá contener el malestar creciente entre los usuarios de la Justicia y los profesionales que se se enfrentan a problemas generados por esta norma». EFE