SAN SEBASTIÁN
La nueva ordenanza de edificios exigirá medidas como el control de residuos en las viviendas
El reciclaje de residuos, para reducir el impacto ambiental, se trasladará a las casas. Cada vivienda deberá tener un espacio mínimo para este fin. [SANTOS]
san sebastián. DV. Es el «proyecto estrella» del Plan de lucha contra el cambio climático. El viernes pasado el gobierno municipal aprobó la ordenanza de eficiencia energética y calidad ambiental de los edificios de San Sebastián con el objetivo de aumentar el ahorro energético y reducir las emisiones de CO2. Las medidas que se recogen en la ordenanza afectan tanto a los edificios de nueva construcción como a las obras de reforma o rehabilitación, a los cambios de uso de edificios existentes o a las obras en locales.
La iniciativa persigue que el diseño y rehabilitación de los edificios tenga en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), como captar la energía térmica del sol cuando el clima es frío, por ejemplo para calefacción y agua caliente sanitaria o aprovechar el efecto invernadero de los cristales evitando las fugas de calor.
La ordenanza contempla medidas concretas para alcanzar dicha eficiencia y menor impacto ambiental. Un primer objetivo se centra en la gestión y control de los residuos, tanto los derivados de la construcción y demolición de edificios como los domésticos. En este sentido, las nuevas viviendas dispondrán de un espacio mínimo de 30 x 30 x 50 cms. para el almacenamiento de las cinco fracciones de residuos (orgánico, envases, papel, vidrio y varios de rechazo).
Asimismo, todos los grifos y cisternas de váteres llevarán mecanismos economizadores, dentro del control del consumo de agua en edificios públicos y residenciales.
Se destinará también un espacio comunitario para uso prioritario de depósito de bicicletas y coches de niño o personas con minusvalía.
El segundo bloque de objetivos que se ha fijado el gobierno de la ciudad se enmarca dentro del ahorro energético, que contempla la instalación de placas térmicas para la producción de agua caliente sanitaria o placas fotovoltaicas (si las cubiertas son lo suficientemente grandes) para la producción de energía eléctrica.
Además, se exigirá a las comunidades de vecinos que se acojan a la rehabilitación energética que, al menos, se acometa la fachada más castigada (orientación norte) evitando la pérdida de energía través de ventanas, muros cubiertas...
En cuanto a la colocación de equipamientos destinados a la calefacción, refrigeración e iluminación, tendrán que consumir menos combustibles fósiles. Así, se exigirá la centralización de calderas, con control y cómputo individualizado.
Según explicó ayer el concejal de Medio Ambiente, Denis Itxaso, «cuando un edificio cumpla estos requisitos podrá obtener el Certificado de eficiencia energética, que mide las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria. Esto nos permitirá, en el Observatorio de la sostenibilidad que se está implantando en Cristina Enea, poder contar con datos sobre los nuevos edificios y su consumo».
Itxaso manifestó que «la ordenanza es valiente, porque en algunos aspectos va más allá de lo que exige el Código técnico de la edificación. El departamento de Medio Ambiente ha mantenido conversaciones con colegios de arquitectos y promotores para que conocieran la ordenanza y de hecho hemos integrado parte de sus aportaciones».
«Coste rentable»
Asimismo, defendió que «una vivienda energéticamente eficiente puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en su totalidad. Aunque el coste de construcción generalmente es algo mayor, es rentable, ya que el incremento de la vivienda se compensa con la disminución de los recibos de energía».
Las medidas acompañan a toda una estrategia del gobierno municipal por «aplicar políticas de respeto al medio ambiente y en favor de la sostenibilidad». En este sentido, Itxaso explicó que «el Ayuntamiento está integrando este tipo de medidas en sus propias iniciativas (Polo de Innovación, Casa de cultura de Aiete...). Lo que queremos ahora es que afecte al conjunto de la ciudad».
El reglamento se aprobará inicialmente en el Pleno de junio y tras las alegaciones públicas, se aprobará previsiblemente en septiembre. A los 20 días de publicarse en el Boletín Oficial de Gipuzkoa entraría en vigor.
El Ayuntamiento podrá conceder asesoramiento, consulta, y en su caso ayudas económicas, a los agentes implicados para favorecer los objetivos que se persiguen.
