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RSS | ed. impresa | Regístrate | 7 julio 2008

Economía

PABLO DÍAZ MARTÍNEZ, ABOGADO DE AFECTADOS DE FÓRUM
«El Estado ha buscado crear dudas sobre los afectados en vez de velar por ellos»

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«El Estado ha buscado crear dudas sobre los afectados en vez de velar por ellos»
Cuando se cumplen dos años de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, los abogados de Aderta, que representan a las asociaciones de perjudicados Fórum de Euskadi y otras comunidades, que agrupan a 16.000 afectados, consideran que «hay una responsabilidad patrimonial clara del Estado respecto a los afectados». En Gipuzkoa el número de familias afectadas es de 4.021, de las que el 85% están asociadas en plataformas. En Euskadi hay 12.000 familias y en el Estado la cifra asciende a 460.000.
- Los clientes de Fórum podrían recuperar el 55% de las cantidades que le adeuda la empresa si aprueban un convenio de acreedores que ha elaborado el equipo jurídico de la compañía. ¿Recomendaría a los clientes acogerse a esta posibilidad?
-Aderta Abogados no está aún en condiciones de pronunciarse definitivamente sobre el borrador de propuesta de convenio. Estamos analizando su contenido, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, siendo la cuestión extraordinariamente compleja y con múltiples posibles implicaciones, por lo que por el momento no podemos dar una recomendación taxativa. Seguramente ni siquiera sea posible llegar a tal conclusión, sino que nuestra función será la de exponer a nuestros clientes los pros y contras de cada alternativa para ejecutar la que ellos asuman.
- El ex presidente de Fórum se muestra partidario de llegar a un acuerdo de acreedores frente a una liquidación de la empresa, que en su opinión perjudicaría a los clientes al vender los sellos de una vez. ¿Cree que con la venta escalonada de los sellos se lograría más dinero?
- En principio, toda venta sin urgencias conlleva unos resultados más satisfactorios que una liquidación apresurada. Mutatis mutandi, en la actual coyuntura económica, es preferible vender una vivienda sin prisas (sin la espada de Damocles de la posible ejecución de la hipoteca) a tener que hacerlo obligatoriamente. Para estas situaciones, es conocido el refrán: 'a río revuelto, ganancia de pescadores'. En el caso concreto de los sellos, con independencia de cuál fuera su valor, es evidente que si existe un mercado ahora mismo está descompuesto por la desacreditación que supusieron las intervenciones, por lo que con el tiempo -y más aún, una adecuada gestión dirigida a la posible reconstrucción de dicho mercado- parece lógico que el precio subirá con el tiempo.
-¿Esa vía sería factible también para Afinsa?
- Desconocemos la situación de Afinsa, solamente tenemos clientes de Forum.
- El valor de los sellos enfrenta a los actuales gestores de Forum con el Juzgado de lo Mercantil 7, que fijó en 283 millones el importe de los sellos en caso de liquidación. ¿Qué valor cree que se podría obtener en estos momentos por los sellos con una gestión adecuada de los mismos?
- Ojalá pudiéramos saberlo; pero sí podemos afirmar que parece más lógico, e incluso diligente, el método seguido por el Juez de la Audiencia Nacional, Sr. Pedraz, consistente en que los sellos sean valorados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay que tener en cuenta que, en el concurso, no se han valorado los sellos por ningún experto en valoraciones filatélicas. A nuestro juicio, la valoración efectuada deja muchas dudas en el aire. Y en todo caso, como ya hemos dicho antes, al final es una cuestión de un mercado y de la situación en que éste se encuentre.
-Según algunos expertos, el convenio de acreedores no interferiría a priori con las posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que saldrían adelante siempre que el convenio no satisfaga la totalidad de las deudas. ¿Serían compatibles?
- Es un asunto jurídicamente complejo para responder con tal rotundidad. El equipo jurídico de Aderta Abogados está valorando la compatibilidad de ambas vías. De momento no consideramos que esté tan claro, sino que exigen un estudio y valoración más profundos.
- Fórum presentó el pasado viernes la demanda de responsabilidad patrimonial por la que exige al Estado casi 2.500 millones de euros en concepto de daños y perjuicios tras agotar la reclamación por la vía administrativa. ¿Tiene visos de salir adelante?
- Desconocemos el contenido de la misma; ahora bien, todo el mundo (incluido el anterior Presidente de la CNMV) parece coincidir que la actuación del Estado ha dejado mucho que desear, siquiera sea por cierta omisión del deber de regular y supervisar, pudiendo ser generadora de la consiguiente responsabilidad. Por nuestra parte, la responsabilidad patrimonial que consideramos más clara es la del Estado frente a los perjudicados.
- ¿Cuánto tiempo podría tardar en resolverse?
- Se trata de una cuestión desconocida para nosotros, máxime con la reciente huelga de funcionarios judiciales. Téngase en cuenta que la primera instancia ante la Audiencia Nacional sí pudiera resolverse en un corto lapso temporal (dos a tres años), pero otra cosa son los recursos que se insten frente a las sentencias pronunciadas por tal órgano jurisdiccional.
- ¿Qué otras acciones se han adoptado en todo este tiempo por parte de las asociaciones de afectados y en qué punto están?
- Desde el punto de vista jurídico, que es el único que nos compete, las tres vías abiertas son la concursal y la de responsabilidad patrimonial de la Administración, de las que se ha hablado, y la penal. Por lo demás, las restantes actuaciones de las asociaciones (manifestaciones, negociaciones o contactos políticos…) quedan lógicamente fuera de nuestro ámbito de actuación.
- ¿Cunde la desesperanza después de dos años o se ve la luz al final del túnel?
- Este es un extraño país: cuantos menos recursos tienes (y así sucede con gran número de los perjudicados de Fórum), más te vilipendian y te humillan. En el asunto de Fórum, el Estado más que velar por ellos, ha buscado crear dudas sobre ellos en los medios de comunicación y les ha obstaculizado las cosas. Por poner un ejemplo, las ayudas concedidas a las asociaciones de consumidores han sido revocadas por el Tribunal Supremo. En nuestro caso, que defendemos a más de 15.000 perjudicados, no hemos recibido ayudas de ninguna Administración, salvedad hecha de algunas comunidades (Navarra, Extremadura) en cuanto al testimonio de los contratos. Y así, podría mencionar más de un sinfín de actuaciones. El tiempo desgasta a la gente y las perspectivas inmediatas son inciertas, así que parece lógico que haya cierta desesperanza en algunos perjudicados.
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