SAN SEBASTIÁN. DV. Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Luxemburgo, hará público hoy su informe sobre la existencia de un régimen fiscal diferenciado en el País Vasco. ¿Puede Euskadi establecer impuestos diferentes a los que estén vigentes en cada momento en el resto de España? Ésta es, en términos simples, la pregunta a la que esta jurista germana deberá responder hoy, como parte del procedimiento que se sigue en el Tribunal de la Unión Europea, a instancias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La respuesta que dé Juliane Kokott a esa pregunta no será concluyente, pero sí clarificadora. Los abogados generales son una figura peculiar del sistema judicial comunitario, ocupan un papel similar al de los fiscales en el procedimiento español, aunque con muchas diferencias. Entre otras, que la tesis que los abogados generales exponen en sus informes, son aceptadas en el 80% de los casos por la sala encargada de dictar la sentencia. De ahí, la importancia del informe que se conocerá hoy.
La vista pública celebrada a finales de febrero no arrojó ninguna luz, por mucho que los representantes de las instituciones vascas presentes en la Corte Europea hicieran gala de un enorme optimismo sobre el resultado del proceso. La vicelehendakari del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, reiteró ayer su deseo de que la sentencia sea favorable a las Diputaciones.
En aquella ocasión, Kokott guardó un silencio absoluto y no realizó pregunta alguna a las numerosas partes presentes en la vista. En el lado atacante, los gobiernos de La Rioja y Castilla-León, así como el sindicato UGT riojano y la propia Comisión Europea, la más beligerantes contra la descentralización normativa que alberga el Concierto Económico vasco. En la defensa de los intereses de las instituciones de Euskadi intervinieron abogados del Estado, de las Diputaciones Forales, así como representantes de Confebask y de la Cámara de Comercio de Bilbao.
Sentencia trascendental
La decisión del Tribunal de la UE, cuando se redacte la sentencia, será trascendente y tendrá muchas consecuencias. Si Euskadi obtiene el respaldo de la Corte de Luxemburgo, finalizará el largo y tortuoso peregrinar de las normas fiscales vascas por las salas de lo Contencioso de la Justicia española. Hay que recordar que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que declaraba ilegal el Impuesto de Sociedades del País Vasco y en a que sostenía además la tesis de que no podía separarse del que estuviese vigente en el resto de España.
Si, por el contrario, el tribunal europeo estima que las Diputaciones no pueden elaborar una normativa fiscal propia -al menos en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas-, se habrá dinamitado uno de los elementos claves del Concierto Económico, si bien no el más importante.
La decisión de los jueces comunitarios no sólo afectará al País Vasco, ya que entrará de lleno en el debate que la UE mantiene desde hace años sobre la armonización fiscal de la unión. Un capítulo en el que se ha avanzado muy poco, ante la oposición frontal de muchos países a ceder una de las escasas palancas que les quedan a los Estados para definir una política económica propia.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se mostraba ayer esperanzada en que la abogada general del Tribunal de Luxemburgo «siga la tesis» del caso Azores. Zenarruzabeitia recordó que la presentación del informe sobre las supuestas ayudas de Estado a empresas vascas tendrá lugar en la misma sala que había desarrollado la sentencia del caso Azores, y expresó su confianza en que el tribunal europero siente jurisprudencia sobre el mencionado caso, para que así «se pueda consolidar el reconocimiento y el respeto del sistema de Concierto en el ámbito de la UE».
El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, también se mostró optimista ante el informe de Kokott.