
Vista aérea del aeropuerto de Hondarribia. [ZERUTIK ]
El grupo socialista en el Congreso de los Diputados va a pedir un estudio previo de impacto medioambiental de lo que supondría la ampliación de la pista del aeropuerto de Hondarribia en 300 metros.
El coordinador de los diputados y senadores del PSE-EE, Miguel Buen, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en San Sebastián, junto al miembro de su grupo Ernesto Gasco, en la que ha anunciado esta solicitud con el fin de conocer si "habrá compensaciones medioambientales" a la ampliación de la pista de aterrizaje, "tanto acústicas como del espacio físico".
Los socialistas vascos pedirán este informe después de que el pasado lunes el Grupo Popular y el PNV reclamaran en el Congreso la ampliación de la pista en 300 metros para que, una vez instauradas las franjas de seguridad que exige la nueva legislación, no pierda operatividad.
Buen ha informado además de que el próximo martes se reunirá con el director general de Transportes y responsable de Aena, Fernando Palau, para buscar acuerdos con el Ministerio de Fomento con el fin de que el aeropuerto guipuzcoano tenga "las mayores medidas de seguridad posibles" y a su vez sea una infraestructura "totalmente operativa".
Respetuosa con Gipuzkoa
El dirigente socialista solicitará asimismo que se estudie la posibilidad de que, mientras se hace el estudio de impacto ambiental, se retrase la modificación de la ubicación de las franjas de seguridad.
Miguel Buen ha recalcado que su grupo quiere que "Hondarribia sea un aeropuerto operativo", que tenga "un uso cada vez mayor", y que todo ello se haga de una manera "absolutamente respetuosa con los intereses de Gipuzkoa y de los dos municipios más directamente afectados".
Ha recordado, en este sentido, que Irun reivindica que, en caso de que se amplíe la pista, se facilite el traslado de unas instalaciones fabriles del barrio de Anaka a un polígono industrial sin que suponga un costo para la empresa ni para el Ayuntamiento, y que Hondarribia pide que el traslado de las empresas y de las 10 familias que se verían afectadas no le originen gastos ni conflictos.