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la paz. DV. Con enfrentamientos a golpes entre partidarios del Gobierno de Evo Morales y opositores, que dejaron al menos una veintena de heridos, se desarrolló ayer el referéndum autonómico impulsado por el gobernador de la rica provincia boliviana de Santa Cruz y organizaciones cívicas. El Ejecutivo, que además de tacharlo de ilegal, inconstitucional y separatista, lo considera un mero sondeo, llamó a boicotearlo. Sin embargo, las encuestas consideran que el 'sí' se impondrá por un 71%.

Las movilizaciones a favor y en contra de la consulta comenzaron de madrugada. Los principales problemas -quema de urnas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con palos y piedras- se centralizaron en las poblaciones que apoyan al líder aimara: las rurales de Yapacaní, San Julián y en el barrio Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra, la capital de la provincia que, con Tarija, Beni y Pando, forman la media luna oriental.

La reacción entre los autonomistas fue casi instantánea: unos 50 jóvenes de la derechista Unión Juvenil Cruceñista -un grupo de choque, según el Gobierno- comenzaron a «recorrer los locales de votación», como explicó uno de sus líderes, y recuperaron algunos de los colegios. Pero el saldo fue de 18 personas -una muy grave- con heridas cortopunzantes, según confirmó el ministro Alfredo Rada. En el centro de la capital de la región de 2,6 millones de habitantes -de los que 935.000 tienen derecho a voto- imperó la normalidad.

Además, los cabildos populares convocaron concentraciones en los bastiones de Morales en el país, como en la populosa ciudad de El Alto, vecina a La Paz, Cochabamba y Oruro, ambas al oeste, más andino, indígena y pobre que la región oriental.

En el Alto, Eugenio rojas, líder de los Ponchos rojos -grupo de indios aimaras radicales y leales a Morales-, pidió a los «hermanos de las provincias» de Santa Cruz quemar y destruir urnas «en todos los lugares donde sea posible». Además, arengó a que los líderes autonomistas «se vayan fuera de Bolivia a formar otra república».

El portavoz presidencial, Iván Canelas, señaló que el Ejecutivo tenía informes de que la consulta había comenzado «teñida de violencia» y llamó a la calma. Al mismo tiempo, confirmó las marchas para «repudiar los estatutos autonómicos», y aseguró que los participantes estaban demostrando que quieren «una Bolivia unida y que no se organicen grupos que manejen a su libre albedrío».

«Actos aislados»

Los opositores quitaron hierro al asunto. Confiaban en que se cumpliera el pronóstico de las encuestas que les daban un triunfo rotundo. Según el ex presidente Jorge Quiroga, su agrupación, la derechista Podemos, derrotada por Morales en las elecciones de 2005, «no quiere patadas ni violencia». El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, restó importancia a los conatos de violencia. «Son actos aislados, hay que buscar la paz», dijo. El político opositor comentó también que esperarían a que en las otras provincias de la media luna realicen sus consultas para plantear el diálogo al Gobierno.

Si la abstención es alta, Morales podrá insistir en la ilegalidad de la consulta, de lo contrario sería imparable la idea del líder cívico Branko Marinkovic Jovicevic de que «el voto de la gente no puede ser ilegal». Las opciones son: que Morales acepte la negociación y conceda mayores competencias a las nueve provincias o que las rechace, lo que provocaría una ola de protestas que podría desembocar en una declaración de independencia.