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san sebastián. DV. La reciente retirada del mercado de la Depuralina, un milagroso producto adelgazante, y la alerta lanzada sobre el aceite de girasol no representan, ni mucho menos, casos aislados en el escaparate comercial. Al contrario, las llamadas de atención sobre productos peligrosos no han hecho sino crecer en los últimos años, consecuencia del aumento de las inspecciones y de la avalancha comercial de los productos made in China, que se miran con lupa por su dudosa calidad. Desde el juguete con el que el niño se puede atragantar hasta un cargador de teléfono móvil contaminante, la lista de productos retirados el año pasado en el País Vasco sumó 7.109 unidades de 81 modelos diferentes (11% más que en 2006).

A la cabeza se posicionaron los artículos deportivos (pistolas láser, una bicicleta, un flotador, una máquina de gimnasia), seguidos de las herramientas defectuosas, los aparatos eléctricos y los juguetes, a los que el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco dedica además una campaña de control al año.

La alerta puede activarse desde varios frentes: una denuncia particular, una campaña programada o un aviso oficial de otra comunidad o país. La Red de Alerta, el protocolo de intercambio de información entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Consumo, se activa nada más conocerse la existencia de un producto que puede generar riesgo a los consumidores. La responsabilidad es compartida: los servicios de consumo autonómicos vigilan una parte del escaparate, y desde otros órganos de la administración se controla el resto de las mercancías, como los artículos sanitarios. La retirada de la Depuralina, de hecho, fue ordenada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El intercambio de información resulta efectivo, pero no siempre conlleva una retirada inmediata de la mercancía. Según explica Esther Gómez, técnico de Consumo del Gobierno Vasco, la cadena de actuaciones se articula con rigurosidad, sin prisa pero sin pausa, con el objetivo de que prevalezcan los derechos de los consumidores y, a la vez, se respeten también los del vendedor. Los inspectores y cada vez más clientes se mueven entre las estanterías ojo avizor, y ante la más mínima sospecha, alzan la voz. El producto cuestionado se examina primero in situ y luego se llevan al menos tres muestras al laboratorio para su análisis. Las infracciones leves se refieren a los fallos en los etiquetados, mientras que en las más graves se engloban los productos con riesgo directo para la salud o la seguridad. Véase un collar de ámbar para niños o las figuritas que Mattel, la mayor compañía de juguetes del mundo, tuvo que retirar en verano tras detectar un exceso de plomo en su pintura.

Sin factura o sin origen

Una vez detectado el problema, es la comunidad autónoma donde esté domiciliado el propietario del producto la que se tiene que encargar del expediente. «A partir de ahí -añade Gómez-, los dueños del establecimiento, el distribuidor o el propio productor, según los casos, tienen un plazo para presentar, entre otros, el listado de distribución de la mercancía. Tienen derecho también a recurrir o a presentar la documentación oportuna, si se trata de aclarar alguna incorrección en el etiquetado, por ejemplo». Con todos los papeles sobre la mesa, el Instituto Nacional de Consumo vuelve a hacer pública la información con la relación de establecimientos que han podido distribuir los productos sospechosos. Es entonces cuando se procede a inmovilizarlos, a exigir la devolución del producto o a destruir la mercancía. Los productos alertados se incluyen en una lista negra colgada en la web de Consumo del Gobierno Vasco. «Por lo general, los responsables de la mercancía suelen colaborar con la administración», sostiene Gómez, de forma que cuando se detecta una irregularidad, se subsana a los pocos días. El problema se presenta, sin embargo, cuando se rompe la cadena de distribución y los responsables de Consumo no pueden dar con el productor de origen. «La red de distribución no es siempre lo suficientemente clara», apunta Esther Gómez. Los inspectores se encuentran a menudo con productos sin factura, por lo que resulta imposible identificar su origen. Eso es lo que ocurrió con una de cada tres mercancías confiscadas en 2007. ¿Cómo se le echa entonces el lazo al culpable? «Ninguna retirada se queda sin responsable -asegura Gómez-. Desde el fabricante, hasta el que distribuye y vende el producto, todos pueden llegar a ser responsables».