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san sebastián. DV. «Deberíamos cerrar este asunto con el final digno que merecen todos los represaliados, incluidas las mujeres», recalca Arantza Zabalegi. Ciertamente, la gestión de las ayudas a las víctimas del franquismo se convirtió en una asignatura pendiente del Departamento de Madrazo durante la pasada legislatura y los comienzos de la presente. El decreto que aprobó la consejería en noviembre de 2002, anunciado en periodo preelectoral con cierto despliegue publicitario, acabó provocando la indignación general de los destinatarios, muchos de los cuales canalizaron las protestas a través de colectivos como Geureak y recurrieron al Tribunal Superior del País Vasco.

A la mayoría de los afectados los primeros requisitos impuestos por la Administración vasca les parecieron un ejemplo de cicatería. Apenas se presupuestaron 3,6 millones de euros para las ayudas, y el plazo concedido al principio para reunir la documentación convertía esa tarea en una misión imposible para las personas de avanzada edad.

Batallones de trabajo

Muchos de los represaliados se sintieron heridos porque el Gobierno Vasco había seguido el ejemplo de la Administración central y había negado inicialmente las indemnizaciones a las personas enviadas por Franco a los batallones de trabajo. Oficialmente, se les consideraba reclutas del bando perdedor que hicieron una mili más larga.

Sin embargo, la presión de los afectados, los debates en el Parlamento Vasco y la intervención del Ararteko obligaron al Gobierno Vasco a considerar los trabajos forzados como instrumentos de la represión franquista, un criterio avalado por los historiadores y reconocido por el Tribunal Constitucional.

A partir de 2006, la consejería se volcó en la revisión de 800 expedientes que había rechazado. También presupuestó mucho más dinero y aceptó que el plazo para presentar documentos fuera indefinido. Los esfuerzos por recomponer la situación fueron decididos, aunque, para entonces, algunos represaliados ya habían fallecido.