POLÍTICA
Retiran sus testimonios contra miembros de Gestoras porque declararon «bajo torturas»
29.04.08 -
MADRID. Varios testigos, todos ellos vinculados a ETA o a las organizaciones de su entorno, se retractaron ayer de las acusaciones que durante su detención hicieron contra algunos de los 27 procesados de Gestoras pro Amnistía porque aseguraron al tribunal que la Guardia Civil había obtenido sus confesiones «bajo torturas».
Los testigos, traídos a la segunda sesión del juicio por la Fiscalía y la acusación popular para apuntalar las imputaciones, aseguraron que todo lo declarado era mentira y que eran preguntas y respuestas que los guardias civiles habían puesto en su boca después de 4 ó 5 días de incomunicación, golpes y vejaciones.
Tras ellos comenzaron a pasar por el estrado los responsables del instituto armado que les habían interrogado. Los agentes juraron que las declaraciones fueron «espontáneas», que los detenidos estaban informados de sus derechos, que los interrogatorios se realizaron ante un abogado de oficio, y que los arrestados fueron asistidos en su cautividad por forenses que no reflejaron en sus informes ninguna de las supuestas torturas a que hicieron referencia.
El fiscal, Carlos Bautista, hizo ver al tribunal las contradicciones en las que caían los testigos con su retractación, por lo que pidió la lectura pública de extractos de las declaraciones policiales, para poder incorporarlas como prueba en la vista oral.
El primero en declarar fue Jorge Olaiz, condenado a doce años por pertenencia a ETA, que ante la Guardia Civil confesó que había sido captado a través del procesado y dirigente de Gestoras en Navarra, Josu Beaumont. Dijo que le dio en 2000 una carta de cita en Francia, donde contacto con dirigentes de ETA, entre ellos Xabier García Gaztelu, Txapote.
Susana Atxaerandio, procesada por colaboración con ETA, dijo desconocer por qué la Guardia Civil localizó en su casa en 2002 gran cantidad de documentación de Gestoras. A los agentes les había dicho en la comisaría que se la guardaba a su amiga Maite Díaz de Heredia, dirigente de la presunta red de apoyo a los presos de ETA en Álava, que temía un registro en la sede de la organización en Vitoria.
El papel de Askatasuna
El tercer testigo fue Ibon Aranalde, condenado a dos años por kale borroka. Aranalde, según la Policía, había identificado en 2002 a Sabin Juaristi como el responsable en Gipuzkoa de Askatasuna y había descrito la sede que compartía en Hernani con los abogados de los presos y Batasuna. Ayer sí que reconoció que Askatasuna sustituyó a Gestoras, ilegalizada, «o que al menos hacía el mismo trabajo con los represaliados».
La presidenta del tribunal puso en un apuro a Aranalde cuando le preguntó qué entendía por «represaliado». Tras dudar, lo describió como «una persona que sufre la represión como consecuencia de una opresión», lo comparó con «un preso palestino o africano que lucha por los derechos de su pueblo», y acabó por definirlo como el que «termina en la cárcel o tiene que huir».
El juicio continuará todo el mes de mayo con el interrogatorio de testigos de las acusaciones y defensas. COLPISA
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