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BILBAO.DV. Isabel Celaá es una de las personas que mejor conocen el Guggenheim sin estar dentro. Portavoz del PSE-EE en la comisión de Cultura del Parlamento vasco desde 1998, Celaá se declaró ayer «inquieta» por los interrogantes aún abiertos por el desfalco de medio millón de euros. La parlamentaria anunció a este periódico que su partido irá «paso a paso» en la investigación, pero con «contundencia».

La diputada socialista señaló que «mi impresión es que el consejo de administración no se ha enterado de nada. Sé que es muy duro, pero lo digo por el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, como apoderado, y por la consejera de Cultura, Miren Azkarate, como presidenta de la Tenedora -sociedad instrumental del Guggenheim que se ocupa de la adquisición de obras artísticas- y miembro del consejo de administración. No se han enterado de lo que pasa».

Criticó que el Guggenheim sólo ha investigado los robos cometidos por el que era director de Finanzas, Roberto Cearsolo, durante dos años (2004 y 2005) y que diera por buena la confesión del autor del desfalco para explicar el resto de irregularidades desde 1998. Agregó que «no sabemos nada; ni la cuantía de los fondos que se han distraído, ni durante cuánto tiempo, ni conocemos exactamente cómo se ha hecho... Es que la secuencia de los hechos casa regular. No tenemos una explicación verosímil de lo acontecido». «Nosotros pensamos que la investigación al Guggenheim, el caso Guggenheim, no ha hecho más que empezar», agregó.

Celaá aseguró que «varias veces hemos insistido en el Parlamento en que tanta sociedad (la Tenedora, la Inmobiliaria -que gestiona el solar y el edificio-, la Fundación -que se encarga de la actividad del museo-) no facilita nada el control público. Y nunca hemos entendido la resistencia activa que el Gobierno ha puesto a estas cuestiones».

Por otra parte, el director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, Jesús Álvarez, comparecerán el 7 de mayo para dar a conocer la auditoría a la que la Tenedora del museo, encargada de las compras, se sometió el año pasado, después de 9 años sin hacerlo.

Mientras, los populares hicieron ayer oficial su petición de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Vizcaya sobre el caso Cearsolo, algo a lo que la consejera Azkarate se mostró muy dispuesta el miércoles. Los socialistas señalaron que aceptarán la propuesta con «condiciones» para «no interferir en el proceso judicial».