POLÍTICA SOCIAL
PSE, PP, EB y Aralar exigen a la Diputación que cumpla el acuerdo de elevar las pensiones
ACUERDO DE LAS JJ GG
SAN SEBASTIÁN. DV. Todos los grupos de la oposición exigen a la Diputación que eleve las pensiones más bajas, así como la renta básica y otras ayudas de emergencia social hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). PSE, PP, Aralar y EB consideran que el Ejecutivo foral (PNV-EA) tiene que cumplir con el acuerdo alcanzado en las Juntas Generales el año pasado en el que se aprobó la subida.
La Cámara territorial acordó el 4 octubre de 2007 que la Diputación establezca un sistema de ayudas «para las personas residentes en Gipuzkoa, cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, calculado sobre catorce pagas».
Esta ayuda se configurará como una prestación económica «de carácter individual, universal y subjetiva». El objetivo será «complementar las rentas hasta alcanzar el importe del SMI (14 pagas)». Se requerirá haber estado empadronado en Gipuzkoa durante los doce meses anteriores a la aprobación de la norma.
El acuerdo de las Juntas daba al Ejecutivo foral un plazo de seis meses para materializar el mandato del Parlamento de Gipuzkoa. En este plazo, la Diputación debía elaborar una nueva norma foral en la que se recogiera el incremento de las prestaciones.
600 euros y 14 pagas
El plazo ha expirado y la Diputación sólo dispone de un borrador de norma que contempla un incremento de hasta el 90% del SMI. El acuerdo alcanzado en las Juntas establecía que la equiparación debería llegar al 100%.
En la actualidad, la renta básica supone el 88% del salario mínimo y se cobra en 12 pagas. La traslación del acuerdo de la Cámara conllevaría elevar las prestaciones hasta el SMI, 600 euros, por catorce pagas.
Se estima que la medida beneficiaría a entre 5.000 y 6.000 familias guipuzcoanas. El incremento afectaría especialmente a dos colectivos: viudas y mujeres solas con hijos a su cargo.
La iniciativa parlamentaria de subir las pensiones partió del PSE y a ella se sumó Aralar, presentando ambos grupos en el Pleno de octubre una enmienda transaccional. Ésta recibió el voto a favor de PP y EB, en tanto que PNV y EA se posicionaron en contra.
La oposición, una vez cumplido el plazo que el Parlamento territorial dio al Ejecutivo, exige a éste que eleve las prestaciones hasta el SMI, a cobrar en 14 pagas.
Los socialistas mostraron ayer su enfado ante la actitud de la Diputación. El PSE creía que la institución foral había elaborado una norma foral en la que se recogían los acuerdos del Pleno. La juntera Susana García Chueca se reunió la tarde de ayer con la diputada foral de Política Social, Maite Etxaniz, en el convencimiento de que el acuerdo era un hecho, a falta de rematar algunos flecos. Los socialistas estaban tan seguros del acuerdo que habían convocado una rueda de prensa para hoy, en la que iban a explicar los detalles del mismo.
Reglamento
García Chueca, tras la reunión mantenida con Maite Etxaniz, criticó la propuesta del Gobierno foral de elevar las prestaciones hasta el 90% del SMI, «cuando el acuerdo del Pleno fue alcanzar la totalidad de esa cantidad. Exigimos a la Diputación que cumpla el mandato del Parlamento. Si no es así, usaremos los mecanismos que ofrece el reglamento para enderezar el tema».
La portavoz popular en las Juntas Generales, Regina Otaola, también manifestó su enfado. Consideró «sangrante» que el departamento de Política Social reciba «14 millones de euros, frente a los 21 del deporte de élite» en el presupuesto extraordinario y no se incluyan «el acuerdo para complementar las rentas mínimas». Añadió que los recursos públicos «deben servir para resolver los problemas de los ciudadanos en cada momento», y, en éste, «estamos ante una grave crisis económica a la que debe atender el Gobierno foral».
EB condicionará su apoyo al presupuesto extraordinario a que se complementen las pensiones hasta el SMI.
Aralar ha señalado que se mostrará «beligerante» con el Ejecutivo foral si no cumple el acuerdo de las Juntas Generales, al tiempo que recomendó a la Diputación que se «ponga las pilas» en esta cuestión. Este grupo ha pedido la comparecencia de la diputada de Política Social en las Juntas para que explique a qué se debe el incumplimiento.
