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BILBAO. DV. El grupo socialista en el Parlamento Vasco solicitó ayer la comparecencia urgente del director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, «para que explique los hechos que han llevado a la destitución del que hasta esta semana ha sido director financiero de la pinacoteca, Roberto Cearsolo».

Para la portavoz del PSE en la Comisión de Educación y Cultura, Isabel Celaá, «no basta con que Vidarte, como director general, pida disculpas públicamente por la actuación presuntamente fraudulenta de uno de sus hombres de confianza. Tiene que dar la cara y explicarnos por qué, durante demasiado tiempo, no ha existido control alguno sobre las cuentas de la Sociedad Tenedora del museo».

La parlamentaria de Eusko Alkartasuna Onintza Lasa destacó «la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de control sobre este tipo de sociedades (la Tenedora y la Inmobiliaria), financiadas total o parcialmente con dinero público». EA, socio del PNV y Ezker Batua en el tripartito de Vitoria, subrayó la obligación de «investigar, aclarar y depurar todas las responsabilidades, sean del tipo que sean», mientras que Aralar consideró «totalmente necesario intensificar el control público y político en el Guggenheim para evitar cualquier tipo de irregularidad».

Investigación

Por otro lado, el grupo del PP en las Juntas Generales de Vizcaya pedirá toda la documentación relativa a la Sociedad Tenedora del museo desde su fundación para averiguar el vínculo entre sus operaciones -la compra de obras de arte- y el desfalco descubierto.

Carlos Olazabal, portavoz popular en la institución foral, denunció que esta documentación «ha sido total o parcialmente destruida o eliminada, de acuerdo a los papeles que nos han llegado desde el mismo Guggenheim». Esta es una de las iniciativas que presentarán los populares en el Parlamento foral, en el que exigirán una comisión de investigación para aclarar las cuentas de la Tenedora.

Además, exigirán que la Diputación vizcaína y el Ejecutivo autónomo, socios al 50% de esta sociedad, modifiquen sus participaciones para que alternativamente tengan el 49% y el 51%. Así, «sus cuentas estarían sujetas por ley a la acción fiscalizadora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los sistemas de contratación propios de la Administración».