VITORIA. La presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, afirmó ayer en relación con la condena en el denominado caso Atutxa que en una democracia la relación entre poderes es «de igual a igual». Bilbao se refirió así a la resolución de la condena de Atutxa, Knörr y Bilbao. Reconoció que aún no ha podido analizar jurídicamente el contenido de la sentencia, sobre la que hay también votos discrepantes, pero explicó que en un Estado democrático, «con la legislación actual, la relación de los poderes es de igual a igual».
En este sentido, consideró «razonable» que existiera un mecanismo, «un tercero», que dirimiera los conflictos que pudieran surgir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así, Bilbao, que subrayó que antes de llegar a esta situación se deberían encontrar «otras formas de resolver» este tipo de cuestiones, insistió en que «entre dos iguales nunca puede primar uno con su decisión sobre el otro».
Destacó que en el denominado caso Atutxa la cuestión tampoco fue «pacífica», por la postura mantenida durante el juicio por el Ministerio Fiscal que defendió las competencias de los poderes judicial y legislativo, así como por la existencia de un voto particular en el tribunal. «Esta interpretación no lineal ni unitaria merece al menos alguna reflexión y la oportunidad de solventar estas cuestiones de otra manera», dijo.
Bilbao no quiso hacer hipótesis sobre la actuación del Parlamento Vasco si se ilegalizara EHAK y su posible repercusión en el grupo parlamentario. «No lo contemplo, espero que no llegue y, además, es un asunto que ahora no está sobre la mesa», afirmó.
La presidenta del Parlamento de Vitoria también fue muy crítica con el hecho de que haya tardado en conocerse el contenido de la sentencia tres meses, algo que «desde el punto de vista democrático e institucional es inaceptable». «Es una falta de respeto personal e institucional» hacia tres personas que «espero que no se repita».
Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, señaló que «no nos ha gustado desde el origen el intento de judicializar asuntos que debieran haberse visto en el debate político, pero es evidente que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que están en la Mesa del Parlamento».
Obligaciones
También se pronunció sobre este asunto el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Leopoldo Barreda, quien consideró que «lo positivo» de la sentencia radica en «la prevalencia del principio de igualdad de todos ante la ley». De esta manera, Barreda subrayó que «todos estamos obligados a cumplir las sentencias de los tribunales» y consideró que «en este caso varios miembros de la Mesa del Parlamento se negaron a incorporar al Grupo Mixto» al grupo parlamentario de la izquierda abertzale, incumpliendo así un mandato judicial.
Asimismo, el secretario general de EA, Mikel Irujo, afirmó que «la justicia española no es ni justa ni objetiva», por lo que reclamó un sistema judicial vasco, «porque está claro que cualquier tema con tintes políticos que llega a los tribunales de Madrid, bien sea Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, el fallo siempre es contrario».
Irujo señaló que «un sistema judicial vasco garantizaría la objetividad» y calificó el fallo del Tribunal Supremo de «intromisión vergonzosa en la división de poderes». «Si se tomó la decisión de no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak fue para salvaguardar la autonomía que debe tener todo legislativo, en este caso el Parlamento Vasco», explicó.
En este sentido, consideró «bastante sorprendente que hace escasos meses se adoptara la famosa 'doctrina Botín' y que, cuando llegamos a un caso político, el propio Supremo se salte esa doctrina, se eche para atrás y admita a trámite un proceso cuando ha sido recurrido solamente por una acusación particular». AGENCIAS