SAN SEBASTIÁN
Igeldoko Herri Kontseilua pide a Diputación que apruebe la segregación de Igeldo de Donostia
Igeldoko Herri Kontseilua critica que se construyan más viviendas. [LUSA]
san sebastián. DV. Igeldoko Herri Kontseilua, colectivo vecinal en favor de que este barrio se dote de instrumentos jurídicos para tener capacidad de gestión de los asuntos de su interés, denunció ayer que el proceso para constituir un Ente Local Menor «ha sido una farsa», por lo que pedirán a la Diputación que apruebe su segregación del municipio de San Sebastián.
Representantes de este colectivo y de la asociación Itsas Aurre expresaron ayer en rueda de prensa su sensación de haber sido «engañados y burlados» por el gobierno municipal, ya que en los últimos 10 años han centrado sus esfuerzos en la posibilidad abierta por el Ayuntamiento de crear un Ente Local Menor para Igeldo, objetivo que fue calificado por el alcalde en el último Pleno como «un chiringuito». «Igeldo decidió conversar considerando que era una forma válida de organizarse mientras se resolvía el proceso sobre la segregación», señaló Juan Carlos Izagirre, «pero ha sido una farsa, nos sentimos engañados».
El gobierno municipal apuesta hoy por otras formas de participación ciudadana vinculadas a los equipamientos de proximidad, y el PP también se ha ido desmarcando del Ente Local al apostar por la figura de los distritos. Los representantes vecinales de Igeldo se dirigieron ayer a PNV y EA para que, «en coherencia con su discurso de respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo», aprueben en la Diputación la segregación de Igeldo del municipio de Donostia.
En su opinión, San Sebastián sólo mira a Igeldo para resolver sus necesidades de vivienda -de 28 viviendas en el casco urbano se ha pasado a 100 y hay previstas 250 en el nuevo Plan General, denunciaron-, sin resolver sus variados problemas de comunicaciones, canalizaciones, o accesibilidad peatonal. Izagirre aseguró que cumplen todos los requisitos legales para la segregación -entre los que citó contar con una mayoría de la población a favor, viabilidad económica, demostración de que el Ayuntamiento no saldría perjudicado, disponer de antecedentes históricos de ser una comunidad con vida propia y presentar un discontinuo urbanístico respecto de la ciudad-, aunque precisó que la decisión «es política».
