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SAN SEBASTIÁN. DV. Las ikastolas proponen elevar en 120 millones de euros más al año la financiación pública de los centros privados concertados para que sean equiparables a los centros de la red pública en el País Vasco. En la actualidad los centros concertados, que atienden a la mitad de la población escolar no universitaria, reciben una financiación pública de 450 millones de euros por curso. Si Educación accediera a la propuesta de las ikastolas -que es compartida por los colegios religiosos concertados-, la financiación se aproximaría a los 600 millones de euros, es decir, 100.000 millones de las antiguas de pesetas.

«Lo que exigimos no es más que el reconocimiento a los servicios que prestamos», resumió ayer José Luis Sukia, director de la asociación de ikastolas Partaide. A su vez, el presidente de la Confederación de Ikastolas, Koldo Tellitu, añadió que «no es que hayamos dejado a un lado nuestra oferta educativa hasta ahora, todo lo contrario, sino que creemos que debemos recompensar a los profesionales, y las familias que han hecho un gran esfuerzo durante años para mantener las ikastolas».

Sukia y Tellitu explicaron durante una rueda de prensa en Bilbao que esta reivindicación tiene «urgencia» y que como ikastolas ya habían presentado al Departamento de Educación una propuesta para iniciar una negociación que se presume compleja por la diversidad de intereses que confluirán.

Frente a esta «urgencia» cabe subrayar que el departamento que dirige Campos hizo público un comunicado hace tres días en el que señaló que esta cuestión no es ahora «prioritaria» y sí la elaboración de la Ley de Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación de las Lenguas, que sustituirá los modelos lingüísticos. Ikastolas y centros religiosos sostienen que los conciertos educativos con los centros privados suponen una financiación del 70% de coste real «a pesar de estar adscritos a la planificación de la Administración autónoma», y añaden que es necesario un cambio de criterio «tanto por los parámetros del servicio educativo» que prestan en la actualidad como «por los retos que se anuncian».

El PP aseguró por su parte hace dos días que la exigencia de las ikastolas es la contrapartida por su apoyo al currículo vasco que hay que desarrollar en los próximos años, consideración categóricamente desmentida por Educación.

Las ikastolas argumentan que en su planteamiento «va implícita nuestra disposición incuestionable para compartir todos los compromisos sociales del ámbito de la educación, según establezca la Administración».

Según sus cifras, si todos los centros de la red concertada asumieran estos principios y se acogieran a la financiación pública completa, supondría un coste adicional para el Gobierno de 120 millones de euros anuales.

José Luis Sukia reconoció que no hay compromiso ni calendario de negociación con Educación, pero pidió que «al menos» se inicien los trabajos de elaboración de la Ley del Sistema Educativo Vasco, aunque ya no dé tiempo material para aprobarla durante esta legislatura.

Proyecto educativo propio

El representante de Partaide comentó que si prosperara su reivindicación de una financiación semejante a los centros públicos, ikastolas y colegios religiosos podrían rebajar la factura a pagar por los alumnos «según los retos e inversiones de cada uno», de manera que el resultado final sería que la diferencia con la red pública se limitaría al proyecto educativo de cada centro.

Los representantes de las ikastolas asumen que resulta «evidente» que los colegios públicos «igual no comparten nuestro concepto de centros sostenidos con fondos públicos» pero puntualizan que «lo que exigimos no es más que el reconocimiento a los servicios que prestamos».

En todo caso, estiman que ha llegado el momento de «superar el esquema del sistema actual, que sigue un patrón napoleónico, jacobino, que nada tiene que ver con la realidad del sistema educativo vasco. Es necesario asimismo superar la creencia de que el modelo responde a un estándar europeo. Lejos de esa visión, el ámbito europeo se caracteriza por la pluralidad de modelos de sistema y donde es sustancial la autonomía de los centros, reto fundamental y piedra angular, en nuestra opinión, de cara al futuro», aseveró José Luis Sukia.

La asociación Kristau Eskolak, en cuyos centros están matriculados alrededor de 93.000 escolares del País Vasco, comparte la necesidad de revisar los criterios de financiación de los centros educativos, y es muy probable que hoy haga público un comunicado en el que precisará su postura ante un debate público y político que no ha hecho sino comenzar.