El tabú de la muerte, vinculado a creencias religiosas, supersticiones o miedos sociales, siempre ha sido un recurso que las jerarquías de cualquier signo han esgrimido para coartar la libertad de las personas. Sigmund Freud en su célebre Totem y tabú señaló que los tabúes pueden reflejar angustias generadas por las exigencias o contradicciones de la estructura social, o simplemente diferenciar a ciertos individuos, como los chamanes y las élites. En cierto modo, la fobia a hablar o pensar en la muerte es la manifestación patológica que más determina nuestro miedo a enfrentarnos a ella con todas sus consecuencias.
Desde el suicidio voluntario al asistido, pasando por la sedación terminal o la eutanasia pasiva y activa, el derecho a morir con dignidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de muchas sociedades y sus gobiernos. Aunque existen excepciones, en la mayoría es un tema sin resolver -o solventado parcialmente- y al que, por diferentes razones, no nos confrontamos en toda su dimensión moral.
Cuando se proclama el derecho a una muerte digna, se habla de la necesidad de ampliar los derechos de mujeres y hombres, así como de la exigencia de habilitar fórmulas legales que permitan mejorar la autonomía de las personas en el momento crucial de hacer frente a sus últimos días. Como dice el catedrático de Filosofía del Derecho, Francisco J. Laporta, una vez más, se trata de reforzar la capacidad de conformar en libertad y a partir de sí, las convicciones morales y los principios que han de presidir el proyecto de vida personal.
El caso de la francesa Chantal Sébire, ocurrido hace unas semanas, es el último de una larga lista de heroínas y héroes que los últimos años han mostrado en público la cara oculta de una realidad que está muy presente en nuestras sociedades y a la que muchas veces le damos la espalda porque no sabemos cómo hacerle frente. El caso de Ramón Sampedro en 1998, popularizado en la película Mar adentro, los más recientes de Josiane Chevrier, J.L. Escudero, Madeleine Z. o Piergorgio Welby son varios ejemplos de personas, conscientes de sus capacidades, que asumieron la responsabilidad de organizar, en muchos casos con las asistencia de voluntarios o amigos y enfrentándose a las leyes vigentes, el fin de sus días.
Diferentes encuestas y consultas realizadas por varios organismos del Estado y organizaciones médicas apuntan que una gran mayoría de los ciudadanos apoyan el derecho a una muerte digna y abogan por la regulación de la eutanasia. Por tanto, no parece descabellado afirmar que su regulación debe encararse lo antes posible dentro del nuevo calendario legislativo.