Pudo parecer que los parlamentarios nacionalistas -los pocos que han sobrevivido a la debacle' del 9-M- no votaron ayer al candidato Rodríguez Zapatero, por lo que éste se ha visto obligado a padecer la relativa humillación de tener que aguardar a mañana para recibir su confirmación institucional, pero si se rasca con la uña la superficie de lo aparente se llegará a la conclusión de que más bien ha sido al contrario: Rodríguez Zapatero ha rechazado cualquier aproximación mercantil a los grupos catalán y vasco, a pesar de que le hubiera resultado muy simple recabar los del PNV y aún hubiese podido convencer fácilmente a Duran. Pero no estaba en sus planes. Zapatero cree, probablemente con razón, que en esta legislatura es positivo que el Gobierno se desenvuelva con autonomía y no vea enajenada la posibilidad de pactar con el otro gran partido estatal con el fin de restablecer determinados equilibrios. En definitiva, Zapatero ha deseado que quedara constancia plástica de que mañana será presidente por su propio pie y sin las muletas de las minorías.
No hay incongruencia alguna en este cambio de actitud, que responde al carácter cíclico de la política, que ha de bandearse entre los inexorables y gozosos hitos electorales que caracterizan al parlamentarismo democrático. En su primera legislatura, Zapatero llevó a cabo con éxito una importante reforma sociopolítica que sus adversarios calificaron de radical, impulsó una reforma territorial que no ha concluido pero que ya ha fijado sus características esenciales que son irreversibles, e intentó sin éxito el final dialogado de ETA, una aventura que no tendrá con seguridad segunda parte. Y una vez conseguido el refrendo de todo ello otorgado por la ciudadanía el 9-M, Zapatero está decidido a consolidar lo logrado y a restituir algunos consensos de fondo que saltaron en pedazos a causa de las mudanzas anteriores. Para este nuevo designio, le son poco útiles las minorías nacionalistas: el objetivo es fijar con el PP la estabilización de los nuevos escenarios. De ahí que su afán en la sesión parlamentaria de ayer y de anteayer fue recuperar una relación normal, estrecha, con el PP, su antagonista, sin tener que dar explicaciones o que recabar la opinión de las minorías periféricas que en la legislatura anterior le auxiliaron en su quehacer reformista. El ten con ten de Zapatero con Erkoreka, en el que el líder socialista metió cruelmente el dedo en el ojo de su interlocutor una vez tras otra, fue incluso divertido: el político vasco no parecía entender que Zapatero, que le recordó el apoyo gratuito que el PNV otorgó a Aznar en 1996, estaba simplemente diciéndole que esta vez no es el PSOE el que requiere al PNV: son los nacionalistas, tan en precario en Euskadi, los que han de mirar con gesto implorante al PSE-PSOE.
En realidad, las exiguas huestes nacionalistas sí se han percatado de que algo fundamental ha cambiado entre una legislatura y otra y, de hecho, uno de los conceptos más reiterados en la sesión parlamentaria fue el barbarismo 'recentralización'. El término, muy real, no debería sin embargo resultar amenazante: después de la eclosión centrífuga de la legislatura anterior, caracterizada por la reforma del Estatuto catalán que sirvió de pauta a las otras cinco reformas consumadas en otras tantas comunidades autónomas.
El primer paso de esta decantación habrá de ser la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, que por imperativo legal habrá de estar concluido este verano. Pese a los rasgos de bilateralidad que se han introducido en algunos estatutos y a determinados condicionasteis temporales con rango normativo que lógicamente habrá que respetar, es evidente que será necesario buscar una solución satisfactoria para todas las comunidades autónomas del régimen general, que habrá de surgir del consenso PP-Gobierno.