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SAN SEBASTIÁN. DV. Los partidos de la oposición dejaron ayer bien claro que no es suficiente con incrementar los mecanismos de control, sino que debe complementarse con la depuración de responsabilidades políticas.

El más explícito fue el PP, quien apuntó que planteará esta cuestión a los demás grupos políticos en las Juntas Generales. En su opinión, «ésta es una forma de dejar claro a quienes estén tentados a cometer irregularidades que, a partir de ahora, se les complica las cosas». Además, consideran que se envía un mensaje muy claro a la ciudadanía de que «quien la hace la paga».

El PSE también se mostró dispuesto a buscar fórmulas para depurar responsabilidades políticas. En la misma línea se pronunciaron los grupos junteros EB y Aralar y también el representante del PNV, Asier Arambarri, quien dijo que «hay que delimitar las responsabilidades políticas».

El portavoz del PSE en las Juntas Generales, Julio Astudillo, calificó la resolución de la Agencia Vasca de Protección de Datos de «muy grave» y criticó que el PNV haya utilizado la Hacienda foral en su «lucha de partido». Además, consideró que va a ser muy grave recuperar la imagen de la Hacienda foral y apeló a la necesidad de identificar a quienes cometieron la infracción. Astudillo también afirmó que le ha causado «estupor» que haya habido 204 accesos a los datos de Jon Jauregi y pidió al diputado de Hacienda que «se identifique a las personas que están detrás de esos accesos y que justifiquen sus razones».

«Una venganza»

El juntero del PP, Juan Carlos Cano, indicó que el informe «viene a dar la razón al PP cuando calificaba el affaire Jauregi como consecuencia de una lucha interna en el PNV». En este sentido, consideró que «se trata de una venganza llevada a cabo por la parte del PNV desplazada del poder».

En su opinión, este caso guarda un «importante nexo de unión con el escándalo de la Hacienda de Irun», y cree que en ambos ha quedado claro «la total ausencia de elementos de control».

Arantza González, del grupo juntero de EB, se preguntó cómo es posible que la declaración complementaria de Jauregi no constara en el departamento de Hacienda e instó a exigir mayor transparencia a los cargos públicos en cuestiones como la declaración patrimonial.

Rebeka Ubera, de Aralar, instó a adoptar medidas «para que otros no sigan actuando de la misma manera».