PAMPLONA. DV. El promotor artístico Antonio Fontaneda, condenado a tres años y ocho meses de prisión por la multimillonaria estafa a dos centenares de inversores guipuzcoanos, cargó ayer contra sus ex colaboradores y hoy únicos imputados en la causa. Fontaneda señaló que sin Manuel C.C., de quien dijo había sido su «mano derecha» en Donostia, y Juan Pedro E., ex director de una oficina que el Banco Guipuzcoano tiene en Pamplona, jamás hubiese reunido las importantes sumas de dinero -más de 2.000 millones de pesetas- de las cuatrocientas personas que le confiaron sus ahorros.
El banquillo de los acusados en el proceso judicial que se sigue en la Audiencia de Pamplona por el denominado caso Fontaneda pierde unidades cada día que pasa. Primero fue la esposa de Fontaneda la que quedó libre de toda imputación. Luego, tras el acuerdo alcanzado el jueves de la semana pasada entre las acusaciones y el promotor, éste aceptó una pena de 3,8 años, una vez quedó fuera del proceso su hijo Raúl. Ayer, el beneficiado fue Jesús Adolfo G.O., para quien se pedían tres años de cárcel. Los acusadores retiraron los cargos, de tal manera que ya sólo están imputados Manuel C.C. y el director del banco.
En la sesión de ayer, Antonio Fontaneda manifestó que en 1999 conoció Manuel C.C., que por entonces dirigía en Donostia una sociedad de préstamos y subastas, a quien propuso que colaborase con él en la captación de inversores y en la promoción de eventos musicales y cinematográficos. Dijo que nombró a Manuel C.C. director general de la compañía mientras él se atribuyó el cargo de presidente.
El condenado explicó que el 80% de las inversiones que efectuaron en los catorce meses posteriores a la constitución del grupo se captaron en Donostia y admitió que a determinados clientes les ofertó intereses que oscilaban entre el 50 y 120%. «Estos intereses los acordamos entre Manuel y yo», dijo Fontaneda.
Mano derecha
El promotor relató al tribunal que Manuel C.C., «su mano derecha en San Sebastián», era conocedor de la totalidad de las operaciones que se realizaban, así como de la forma en la que se efectuaban los contratos y los abonos. Añadió que pagaba a su «director de directores» cinco millones de pesetas al mes y que le regaló un Mercedes que le costó diez millones de pesetas. Recordó, además, que Manuel C.C. percibía una comisión por las inversiones que obtenía.
Antonio Fontaneda, en contra de lo que había reconocido el jueves pasado, subrayó ayer que en los inicios de la actividad no «tuvieron» la menor intención de estafar a nadie. «Lo que sucedió fue que cuando me detuvieron ya no pudimos hacer frente a los pagos. Si todos los clientes de un banco van en la misma fecha a buscar su dinero le habría ocurrido lo mismo. Aquello reventó porque era insostenible. Ofrecíamos intereses muy altos y los gastos que teníamos eran también elevados», precisó.
Fontaneda no tuvo el menor rubor en afirmar que algunos perjudicados actuaron movidos un afán de enriquecimiento. «El mismo día que cobraban lo volvían a invertir. Ya se sabe, la avaricia rompe el saco», señaló.
Antonio Fontaneda dejó, asimismo, en una más que compleja tesitura a Juan Pedro E. R., director de una oficina del Banco Guipuzcoano en Pamplona, entidad que ingresó la práctica totalidad del dinero de los inversores. El promotor declaró que el empleado bancario no le puso impedimentos para que realizase sus operaciones a pesar de que tenía conocimiento de sus antecedentes penales por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas. Dijo igualmente que jamás le reclamó la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder operar. Explicó que el directivo, que ayer fue expulsado de la sala, se comprometió a realizar, siempre desde su oficina en el banco, informes favorables de la solvencia de sus empresas ante los inversores así como ante otras entidades de ahorro cuando la presunta ilegalidad de sus operaciones era ya de dominio público. Declaró también que en «varias ocasiones» encubrió números rojos en sus cuentas.
El promotor señaló, incluso, que fue informado por el director de la investigación que la Policía había realizado sobre sus cuentas. Sin embargo, declaró que jamás le pagó por su colaboración «ni en dinero ni en especies». No obstante, manifestó que Juan Pedro E.R. se ofreció a llevarle sus negocios fuera del horario del banco. El juicio continuará hoy.