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MADRID. La primera prioridad del nuevo Gobierno, una vez tome posesión de sus cargos a finales de la semana entrante, será aprobar un plan de medidas para atenuar los efectos de la notable desaceleración económica que sufre el país. Pero en un segundo escalón de asuntos importantes se sitúa con fuerza la lucha contra el blanqueo de capitales (que va unida al elevado movimiento de billetes de 500 euros), donde tiene pendiente de aprobar desde hace meses la tercera directiva comunitaria sobre este asunto -en realidad, el plazo para hacerlo venció el pasado 15 de diciembre-, una adaptación normativa que pretende consensuar con el PP como primera partido de la oposición dados los «elevados riesgos» económicos y sociales que conllevan ese tipo de conductas.

En la agenda del Ministerio de Economía y Hacienda, donde Pedro Solbes y su equipo tienen garantizada la continuidad desde hace tiempo -salvo cambios internos que decida el propio titular del departamento- tienen previsto llevar al Parlamento el proyecto de ley correspondiente (con el que se adaptará la citada directiva) antes del verano, de manera que pudiera ser aprobado entre julio y septiembre por el Congreso de los Diputados (antes, por lo tanto, de los Presupuestos Generales del Estado para 2009), y entre octubre y noviembre por el Senado. Después de haber esperado a que pasaran las elecciones para que el debate sobre el blanqueo no se «contaminara» de cuestiones partidistas, en el Ejecutivo tampoco quieren llegar a finales de año con «prisas de última hora».

En general, tanto los técnicos de Hacienda como los asesores fiscales coinciden en que la tercera directiva sobre blanqueo (aprobada ya en 2005) no conllevará «grandes cambios» para España, pues «buena parte» de las «novedades» que incluye ya existen en la legislación nacional. Los verdaderos cambios frente a las medidas vigentes ahora consisten en un aumento significativo de los sujetos obligados, a los que se les va a exigir adoptar «precauciones similares a los riesgos que adoptan». Así, por ejemplo, bufetes de abogados, notarios, registradores, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer «un perfil completo de riesgo» de cualquier cliente «dudoso». En teoría, para las actividades con más medios, 'bastaría' con demostrar que poseen herramientas para evaluar el riesgo de que algunos de sus clientes puedan estar blanqueando dinero. COLPISA