La situación del Ayuntamiento de Arrasate tras la negativa del PNV guipuzcoano a secundar la moción de censura contra la alcaldesa de ANV se ha convertido en un lamentable exponente del complejo laberinto en el que sigue atrapada la situación vasca, plagada de contradicciones, de mezquindades y con un problema moral de dimensiones gigantescas derivada de la persistencia de ETA. La necesidad de ofrecer a la izquierda abertzale un mensaje democrático firme y contundente -la moción de censura contra la alcaldesa, por ejemplo- por la cobertura ideológica que se sigue ofreciendo desde este entorno por la vía de los hechos a ETA se ha convertido en una triste ceremonia de la confusión, del tacticismo y en una ramplona división política cargada de prejuicios y de apriorismos.
La negativa inicial a secundar la moción de censura refleja la persistencia de determinados complejos en el sector del nacionalismo vasco más soberanista hacia el mundo radical, que considera que la política de firmeza respecto a ANV en este momento -cuando ETA ha vuelto a la socialización del terror para imponer sus tesis y para volver a presionar- no contribuye a «la normalización» a pesar de su «reprobable» silencio frente a los crímenes. Unos complejos profundos que arrancan desde el mismo momento en el que este sector político democrático parece haber interiorizado desde hace tiempo de forma mimética una parte del discurso ideológico del radicalismo abertzale. Unos complejos que, en cualquier caso, resultan cada vez más incomprensibles y que quizá estén en el origen de cierta desafección social como la que se ha comprobado en las urnas.
Pero la situación de Arrasate ha puesto de relieve también el conflicto de fondo que atraviesa el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de la imagen de unidad que intenta ofrecer. Una crisis de difícil solución pese a los equilibrios que procura el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. La rectificación a plazos anunciada por el EBB constituye un evidente movimiento de reorientación, pero sorprende y desconcierta que una formación que no se dedica de forma amateur a la política no hubiera evaluado con carácter previo las consecuencias de determinadas decisiones y haya tenido que someterse a una exhibición tan embarazosa de sus contradicciones internas.
En el caso de Arrasate no se está dirimiendo la capacidad de la clase política vasca de someterse a estas pruebas de coherencia o de solvencia. Ni siquiera lo que aquí está en juego es sólo el microcosmos que se produce en determinados municipios de hegemonía del radicalismo abertzale, o el factor libre del miedo, o el mosaico de matices en los que se convierte la vida local muchas veces, en donde el factor humano pesa considerablemente. Ni siquiera están en juego determinadas estrategias de poder o tácticas políticas. Aquí lo que está en juego es la reconstrucción de un tejido más íntimo, una confianza previa, humanista, una cuestión moral y de conciencia, que debe partir de la denuncia radical del asesinato como instrumento de acción política para condicionar a los rivales y para romper los mecanismos de decisión democrática. Es una afrenta a la dignidad humana y así, con esta consideración previa, debería interiorizarse al margen de las diferencias ideológicas y del pulso de poder que se está librando en Euskadi por la hegemonía del futuro y que explica la virulencia de determinados movimientos subterráneos.
Si el nacionalismo democrático en su conjunto no es consciente de que en esta batalla moral tiene que colocarse en primera fila, sin miedo, puede que la sociedad le termine por pasar un día una factura. Ésa si que es una verdadera pedagogía solidaria que hay que ejercer con valentía y con coraje. Con mensajes claros, sin ambigüedades semánticas, alejado de los laboratorios de salón. Con el lenguaje de la razón y de la emoción. Con la cabeza y con el corazón.
En el asunto de Arrasate no se discute tanto sobre la política de alianzas del futuro sino sobre la condición moral de los demócratas ante un hecho tan execrable como el asesinato de un convecino. Una reflexión que obliga reconstruir una estrategia democrática unitaria e inteligente para ofrecer a la sociedad un referente de solidez.
El último comunicado de ETA, con amenazas explícitas a los militantes del PSE y del PSN y a quienes desarrollen pactos con los no nacionalistas, reproduce un nuevo salto cualitativo en la escalera del horror. A medida en la que ETA da nuevos pasos en la ampliación de su estrategia totalitaria de intimidación, el silencio de ANV se convierte en una patética demostración de la incapacidad de ese mundo para construir un discurso político que se salve de la locura del integrismo terrorista. Desolador, pese a que a buen seguro en su fuero interno una parte de ese entorno sea consciente del callejón sin salida al que conduce esta huida hacia adelante del fanatismo de la violencia.
La crisis de Arrasate se ha producido en vísperas de la sesión de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, una sesión que evidenciará la «autonomía» del nuevo Ejecutivo, sin «hipotecas» ni contrapartidas. Si bien el caso de la frustrada moción de censura ha tensado de forma considerable las relaciones entre nacionalistas y socialistas, sobre todo con el PSE, es previsible que la cuerda no termine de romperse. Una cosa es que el presidente no pida el apoyo nacionalista a la investidura y otra que a medio plazo no se abra una expectativa de colaboración aún imprecisa. Al mismo Zapatero le interesa con el tiempo cultivar de forma sensata una complicidad con los sectores más posibilistas y pragmáticos del nacionalismo vasco, los que han perdido los complejos y los que pueden ser aliados de su proyecto reformista. La ausencia de un pacto en la investidura no implica que el PNV deje de tener una influencia en la política española en la legislatura.