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SAN SEBASTIÁN.DV. Los juzgados y tribunales españoles acumulan 400.000 sentencias sin ejecutar. Sólo en el juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, que ocupa una planta entera del palacio de justicia, se agolpan 4.500 expedientes de ejecución «vivos». Ese órgano está especializado en ejecutorias; es decir, se encarga de que se cumplan las sentencias dictadas por los otros seis juzgados de lo Penal de la capital vizcaína. La jueza, el secretario y una treintena de funcionarios se ocupan de que los condenados vayan a prisión; anotan los cambios de grado penitenciario, comprueban que el preso sea excarcelado cuando le toca. Supervisan las retiradas de permisos de armas, las del carné de conducir -que a veces se aplazan-, y también las multas, que se pueden pagar a plazos. Todo está archivado en carpetas de diferentes colores. Alguien ha sugerido estos días dotar a las carpetas de los delincuentes sexuales de un distintivo visual, algo parecido a la leyenda «causa con preso», un texto o una tonalidad que ponga en alerta al funcionario. «Queremos una Justicia de Fórmula 1, pero conducimos un seiscientos», denuncia el magistrado Jaime Tapia. «¿Es comprensible que los funcionarios de Justicia estén varios meses de huelga y no pase nada?», se pregunta. Aunque hay autonomías en mejor y peor situación , toda la Administración judicial tiene una cosa en común: la ausencia de informatización en pleno siglo XXI.