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El comienzo de esta legislatura ha estado, de nuevo, condicionado por las consecuencias de una política de tolerancia con los partidos del entorno de ETA. Justamente la imagen contraria a la que pretende transmitir el presidente en funciones, Zapatero, que en su segundo mandato quiere tener las manos libres para no depender de las exigencias de los grupos nacionalistas de la Cámara. Por eso, en la primera sesión de constitución de la Mesa, esta semana, el PSOE regaló al PNV la Secretaría Segunda y seis senadores, seis, para que pudieran formar grupo propio en la Cámara Alta. Y por eso los socialistas avanzaban que sus previsiones para la investidura de Zapatero como presidente sea, también en la segunda vuelta de las votaciones.

Pero qué poco se imaginaban que el mismo día que cedían al PNV una representación que no habían obtenido de las urnas, la sombra de Mondragón se iba a volver contra ellos como un boomerang. Porque, en cuanto trascendió, en la tarde del martes, la negativa del PNV de Egibar a suscribir una moción de censura contra la alcaldesa de ANV en la localidad donde ETA había matado a Isaías Carrasco, buena parte de la militancia socialista comenzó a preguntarse por qué su partido no había sido más exigente con el PNV.

La reacción fue inmediata y la presión de la indignación tan intensa que Urkullu tuvo que improvisar una aparente corrección de actitud. Pero como los paños calientes no sirven para curar heridas tan profundas, el presidente del PNV estaba pidiendo la dimisión de los cargos públicos de ANV que no se desmarcaran de ETA, sabiendo de antemano que este partido no tiene intención alguna de romper con la banda terrorista, y consciente, sobre todo, de que su compañero de partido, Egibar, no es partidario de poner en un compromiso a las organizaciones que han ido tomando el testigo de Batasuna.

El viraje parcial que Urkullu había justificado con la publicación del comunicado de ETA (un comunicado que no añadía nada nuevo a amenazas anteriores) dejaba entrever que el PNV, ante la situación postelectoral de crisis interna que atraviesa, tuvo que recurrir a una maniobra de distracción para ganar tiempo.

Pero el tiempo se agota y la habilidad de la concejal del PP en Mondragón, Icíar Lamarain, presentando una moción de condena contra el comunicado de ETA, ha acelerado el reloj. ANV no tiene ninguna intención de condenar lo que haga o diga ETA. Si el grupo municipal del PSE hubiera asistido al pleno, la situación habría quedado más despejada todavía. Pero no cabe duda que los plazos están agotados desde un principio. Urkullu puede ir preguntando, pueblo a pueblo, en todos los ayuntamientos donde gobierna ANV pero sabe que se está haciendo trampas al solitario.

La existencia de los grupos herederos de Batasuna en las instituciones municipales, forales y en el Parlamento Vasco, es un problema al que hay que enfrentarse con todas sus consecuencias y que volverá a marcar la nueva legislatura de Zapatero. Si el nuevo presidente del Gobierno se toma la unidad contra el terrorismo como una prioridad, ¿cómo se forja un pacto que incluya a un partido que tolera en las instituciones a los seguidores de ETA?