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SAN SEBASTIÁN. El diputado de Hacienda y Finanzas de Guipúzcoa, Pello Gonzalez, cree que en el futuro puede haber nuevas imputaciones en el caso del fraude de Irun y aseguró que, «a día de hoy», no se puede demostrar una «relación directa» entre los hermanos José María y Víctor Bravo que pueda implicar al segundo.

«Con las pruebas que tenemos, el principal imputado en esta causa es aparentemente el principal responsable de la misma», dijo Gonzalez a los periodistas tras comparecer ante la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas del fraude descubierto en la oficina tributaria de Irun, que dirigió José María Bravo, al que se considera el cabeza de la trama.

Gonzalez añadió, no obstante, que una persona que actúa con la «absoluta impunidad» con la que lo hizo José María Bravo «da pie a pensar que se sentía con las espaldas cubiertas por parte de la dirección política de la casa», cuyo director de Hacienda fue durante gran parte del periodo en que Bravo permaneció en Irun su hermano Víctor, ex senador del PNV.

Inspección a 50 personas

El diputado señaló que en este momento están sometidas a inspección 50 personas físicas o jurídicas que, «de una u otra manera han tenido que ver con la trama», de la que presuntamente también formaban parte la mujer de José María Bravo, Rosa Cobos, y sus socios Pilar Gracenea y Pedro Atristain, igualmente imputados.

En el caso de que aparecieran indicios penales en esas inspecciones lo pondrán en manos de la Fiscalía, según señaló Gonzalez, quien piensa «sinceramente» que pueden producirse nuevas imputaciones y que además existe la posibilidad de que se puedan sumar a la causa nuevos expedientes irregulares.

Destacó que es «difícil trazar una raya» para separar a quienes son y no son víctimas entre los vinculados a esta trama que se apropió de 1,6 millones de euros del cobro de deudas a contribuyentes solventes, a quienes daban de baja por insolvencia o hacían que prescribieran sus expedientes.

«Hay contribuyentes que pagan el cien por cien de la deuda y lo que aportan no se ingresa en la caja común, pero también los hay que sólo pagan parte y el resto se les condona indebidamente, con lo cual difícilmente se les puede considerar víctimas, en la medida de que se benefician de esa opción», indicó.

Gonzalez hizo además otra distinción, entre quienes pensaron que esa condonación indebida de la deuda «era una manera de proceder habitual» y quienes saben que «sólo existe un procedimiento para la condonación de deudas y no es el que llevaba a cabo el señor Bravo».

Señaló que, de las deudas condonadas, hay algunas que aún no han prescrito y otras a las que se ha levantado la prescripción porque puede haber «delito de por medio», por lo que la labor de la Hacienda Foral será reclamar a los contribuyentes la parte de la deuda que no han entregado a Hacienda. Gonzalez rehusó precisar, por «una cuestión de protección de datos», si entre ellas está la de Maite Moneo, la esposa del ex diputado foral y ex dirigente del PNV Luis María Bandrés, a quien Bravo redujo su deuda de 600.000 euros a 108.000 euros. Recalcó que su departamento está haciendo todo lo que está de su mano para que se puedan recuperar los más de 8 millones defraudados a Hacienda, además de los cambios internos organizativos para evitar que un caso así se vuelva a producir.

También declaró ayer el funcionario Iñaki Urcelay, el autor que realizó la auditoría que en agosto de 2005 puso al descubierto los primeros expedientes con irregularidades y que sirvió para que los anteriores responsables de Hacienda llevaran el caso al fiscal en septiembre de 2006, tras haber sido archivada cinco meses después de su conclusión. EFE