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OARSOALDEA. DV. La Oficina de Información al Consumidor (OMIC) de Oarsoaldea gestionó a lo largo del pasado año un total de 1.385 solicitudes de intervención, divididas entre consultas y reclamaciones. Por sectores, el mayor número de solicitudes registradas corresponden al referido a la telefonía, seguido por la vivienda y las prácticas comerciales fraudulentas. Así lo ha manifestado Juan Carlos Merino, presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea y alcalde de Errenteria, a través de una nota de prensa hecha pública ayer.

En el mismo texto se asegura que, en 2007, los servicios de telefonía y el acceso a internet generaron 302 solicitudes de información o intervención. Al parecer, este sector sigue originando una amplia y variada problemática, pero hay dos cuestiones sobre las que la OMIC considera necesario incidir y que incluso han sido ya objeto de sanción por parte de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco.

Se trata de la sistemática imposición por parte de las compañías de telefonía móvil de penalizaciones de casi 200 euros a los usuarios por cambiarse de compañía. «Muchos de los afectados presentaron reclamación ante la OMIC y a través de laudos emitidos por la Junta Arbitral de Consumo o de acuerdo previo, se ha obligado a las compañías telefónicas a devolver parte de la penalización cobrada, pues siguiendo el criterio general establecido por el Departamento de Consumo, la indemnización debe ser proporcional al tiempo de 'fidelización' no cumplido», informa Merino.

La otra cuestión que supuestamente vulnera de forma sistemática los derechos de la persona usuaria es la suscripción de servicios de SMS sin el consentimiento previo del usuario. Según explican, «consiste en que el consumidor envía un mensaje en respuesta a un anuncio publicitario para descargar, por ejemplo, una melodía y, a partir de ese momento, comienza a recibir SMS -tipo Premium- de forma continua, lo que supondrá un importante aumento de su factura telefónica».

Tras estudiar las reclamaciones, la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco considera probado que ninguno de los reclamantes dio su consentimiento para ser dado de alta en estos 'servicios' y que, además, resulta muy difícil darse de baja de los mismos. «Por eso ha resuelto sancionar a Vodafone y a varias empresas que o bien proveen contenidos para servicios de SMS o gestionan los números cortos y la tecnología base para este tipo de negocios», añaden.

Contratos incompletos

El siguiente sector más consultado en la OMIC de Oarsoaldea fue el de la vivienda, con 156 peticiones contabilizadas. Sus responsables recuerdan que en éste se engloba «todo lo relativo a la compra venta de vivienda -en lo que se refiere a defectos de construcción, incumplimientos de contrato, irregularidades en la actuación de los promotores y constructores, etc.- y lo que afecta al inquilino de vivienda, según se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos».

Al respecto cabe mencionar la campaña de inspección realizada recientemente por la Dirección Consumo entre promotoras y constructoras, cuya actividad principal es la venta de vivienda nueva libre. «De los resultados de la inspección se desprende que existe un alto grado de incumplimiento de la normativa que regula el sector. Muchos contratos carecen de informaciones obligatorias o incluyen cláusulas abusivas contrarias a la legislación que defiende los derechos de las personas consumidoras y usuarias», señalan.

En el apartado informativo, el 49% de los documentos de compraventa de vivienda no recoge la posibilidad de elección de notaría para firmar las escrituras, en un 24% no hay constancia de que la constructora haya avalado las cantidades entregadas a cuenta por la persona consumidora, en un 14% no aparece la descripción de la vivienda y su superficie útil, y en un 17% no detallan los materiales empleados en la construcción.

En cuanto a las cláusulas calificadas de «abusivas», en el 38% de los contratos se contemplan altas indemnizaciones si el comprador incumple sus obligaciones, no ocurriendo lo mismo cuando es el vendedor quien falta a lo pactado, y en un 56% de los casos, se permite a la promotora cambios en la construcción sin consentimiento de la persona consumidora. La imposición al comprador del pago de tributos que corresponden al vendedor, en un 13% de los contratos, o el establecimiento de periodos de garantías inferiores a los marcados por la ley, lo que ocurre en un 35% de los casos, son otras de las irregularidades observadas en un buen número de los contratos inspeccionados.

Plazos incumplidos

El tercer puesto en el ranking de consultas recibidas por la OMIC de Oarsoaldea en los últimos doce meses lo ocupan cuestiones relativas al comercio, que suelen estar motivadas por productos defectuosos en garantía, vales de compra, prácticas fraudulentas en grandes superficies o devoluciones de productos, entre otras circunstancias. Las solicitudes relacionadas con este sector se elevan a 118.