AL DÍA
El Gobierno Vasco cifra en el 15% el «riesgo de fraude» en perceptores de renta básica
Siete de cada diez perceptores de la renta son mujeres sin pareja y con menores de edad a su cargo. [BUESO]
RENTA BÁSICA
SAN SEBASTIÁN. DV. La percepción de la renta básica permite a 4.500 personas en Gipuzkoa cubrir sus necesidades más apremiantes y no caer en la exclusión social, según un estudio presentado ayer por el Departamento de Justicia y Seguridad Social del Gobierno Vasco, que alerta de que el 15% de las percepciones pueden ser irregulares. Casi 30.000 personas empadronadas en el País Vasco conforman el contingente de beneficiarios: mujeres sin pareja y con hijos menores a su cargo, inmigrantes y mayores que complementan sus pensiones.
El consejero de Justicia y Empleo, Joseba Azkarraga, explicó ayer durante la presentación del estudio que el 15,6% de los perceptores de renta básica podrían estar cobrando esta ayuda de forma fraudulenta y pidió a las instituciones concernidas -los ayuntamientos tramitan las peticiones y las diputaciones resuelven- que «extremen el celo en el control de estas ayudas».
El estudio está basado en entrevistas a 2.501 de los 29.586 beneficiarios que había en diciembre del año pasado. Sin embargo a uno de cada cinco no se le pudo realizar el cuestionario, en unos casos (298 personas) por su «ausencia prolongada del domicilio» y en otros (225) por estar «ilocalizadas», lo que refleja, según Justicia, que existe un riesgo de cobro fraudulento.
«Si las personas ilocalizadas hubieran salido de la prestación, como ha sucedido con cuatro de cada nueve, todo sería normal. El dato preocupante es que una parte importante, equivalente al 5% de la muestra, siguiera cobrando la prestación de la renta básica en diciembre pasado, pues en ese 5% existe un riesgo alto de percepción irregular o de fraude» subrayó.
Y sumó que «hay que añadir otro 2,1% de perceptores que se niegan a contestar y un 8,5% que no ha podido ser contactado y que sigue cobrando la ayuda». En total, un 15,6% de beneficiarios bajo sospecha.
«Son -prosiguió- tres situaciones irregulares diferentes, con un nivel de riesgo de fraude también distinto. Evidentemente, el mayor riesgo está en los perceptores ilocalizados». A su juicio, refleja que «algunos servicios sociales de base no realizan la adecuada labor de seguimiento y control», por lo que instó a todas las instituciones a que «extremen el celo en el control de las ayudas y que actúen desde el apercibimiento hasta la suspensión cautelar».
En este sentido, recordó que el Gobierno Vasco destina 5,6 millones de euros a facilitar técnicos de refuerzo para los servicios sociales de base de los ayuntamientos, que son personas «que tienen como tarea fundamental realizar un seguimiento y control de los perceptores y de las ayudas».
Dos de cada tres, mujeres
Casi la mitad (47%) de los 29.586 beneficiarios no está en condiciones de incorporarse a un trabajo por distintas razones: edad (26,1%), responsabilidades familiares (7,9%), problemas de salud (8,3%) o por ser inmigrantes no regularizados (7%).
La mayoría de las personas que reciben esta ayuda (33%) son personas en activo y menores de 60 años con rentas bajas, seguidas de jubilados o pensionistas con pensiones bajas (29,2%), de desempleados durante más de un año (29,1%), y de amas de casa menores de sesenta años (8,7%).
El estudio revela que el 68,3% de los perceptores son mujeres, de las que casi la mitad tienen hijos menores a su cargos y que el 30% son extranjeros.
Entre este colectivo, la mayoría desea incorporarse a un trabajo y, de hecho, cobran estas ayudas económicas durante menos tiempo que las personas autóctonas.
El 24% de los beneficiarios de las ayudas llevan más de seis años percibiéndolas y el 33% las compatibilizan con un trabajo.
Para todos ellos, salvo los pensionistas, el estudio plantea distintas líneas de intervención para mejorar su situación económica, que pasan por medidas para mejorar el empleo, de apoyo legal, formativo y la conciliación laboral y familiar, o para garantizar unos ingresos mínimos.
