ANÁLISIS | Iñigo Urrutia
Doble penalización
El tercer mundo está ahí, casi a nuestro lado, aunque sea invisible porque no queremos verlo. Y si vive entre ruinas, las demolemos. La sociedad opulenta guipuzcoana convive -por decirlo así- con varios miles de personas que por múltiples circunstancias luchan cada día por no caer en esa exclusión que suele ser la antesala de un malévolo estigma: pobre luego sospechoso. Por eso cuando se hace énfasis en los casos de percepción fraudulenta de las ayudas sociales se corre el riesgo de una injusta doble penalización y de generalizar sobre todas las personas necesitadas lo que probablemente no es más que la inevitable fracción residual de percepciones indebidas. A no dudar hay otros estratos de la pirámide social donde el fraude y la corrupción son mucho más significativos, pero están velados porque sus beneficiarios no son tan vulnerables, aunque algunos hayan empezado a perder la inmunidad (¿o era impunidad?).
Es un imperativo que la Administración sea celosa en el control del dinero público, pero cabe pedir que con los colectivos más indefensos se extreme la cautela en el mensaje, porque es muy fácil sembrar la sospecha de que además de pobres son unos desaprensivos, pero no deja de ser una grosería moral.
