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SAN SEBASTIÁN. DV. Las obras del Tren de Alta Velocidad suponen un importante perjuicio para los terrenos rurales por las que pasa el trazado. En todo el País Vasco se contabilizan 331 explotaciones agroganaderas afectadas, de las cuáles 223 se encuentran en el territorio de Gipuzkoa.

Para tratar de minimizar el impacto para los propietarios de estos terrenos, el Gobierno Vasco puso en marcha la oficina de atención a los afectados Lurranek, que funciona como intermediaria entre los dueños de terrenos rurales y las instituciones responsables del proyecto. Desde su creación en 2006, se han efectuado cientos de entrevistas con propietarios afectados por el trazado del TAV, con los que siguen los contactos a la búsqueda de acuerdos.

En el caso del primer tramo en construcción en Gipuzkoa, el de Ordizia-Itsasondo, el recorrido atraviesa «una decena» de terrenos rurales que, en su conjunto, abarcan menos de dos hectáreas. Según señaló ayer el Departamento de Transportes y Obras Públicas en una nota, «los trámites expropiatorios culminaron con mutuo acuerdo con prácticamente todos los propietarios afectados».

Con ellos, se han llegado a acuerdos con compensaciones a la pérdida de los terrenos. En algunos casos se ofrece una permuta de tierras por otras cercanas a su explotación original, cuando esta opción no es válida, cabe la posibilidad del justiprecio (un precio tasado). El objetivo del Gobierno Vasco es «agilizar» las obras y garantizar la supervivencia de las explotaciones agrarias en el mismo entorno, limitando «lo más posible el impacto sobre el suelo agrario».

Conscientes de esta realidad, el trabajo de la oficina Lurranek se concibe también como un «embrión de un futuro banco de suelo», una especie de colchón con terrenos en manos públicas que permitirá afrontar futuras permutas en nuevos proyectos de envergadura.

Expropiación

Según fuentes de la consejería que dirige López de Guereñu, en el caso del tramo de Ordizia-Itsasondo sólo se ha realizado «una única expropiación forzosa» de terrenos, después de que fuera imposible llegar a un acuerdo con el propietario.

En el comunicado emitido ayer, el Gobierno Vasco explicó que, «tal como recoge el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Fomento, el Adif, el Departamento de Transportes y Obras Públicas y Euskal Trenbide Sarea, se establece la colaboración del Gobierno Vasco en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios» para obtener los terrenos necesarios, «si bien la administración expropiante es el Estado y responsable último por tanto, de dichas expropiaciones». En Euskadi, la Administración del Estado ha delegado esta función en los subdelegados del Gobierno de cada territorio.