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El proceso que hoy comienza en Pamplona tiene para los perjudicados una doble finalidad. Por un lado, lograr que la actuación del promotor sea castigada en sus justos términos y, por otro, recuperar el dinero que el promotor les adeuda, que asciende a 7,7 millones de euros. Este último objetivo sólo será posible si el tribunal acuerda la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Guipuzcoano. Los inversores aseguran que los inculpados contaban con la «cooperación» del entonces director de la oficina principal que esta entidad financiera tiene en Pamplona, el también acusado Juan Pedro E.R., de quien aseguran «no sólo confirmaba la solvencia patrimonial de Fontaneda y de sus empresas, sino que incluso animaba a los particulares a realizar la inversión». Añaden los damnificados que para ello ofrecía «toda una serie de garantías e informes favorables al señor Fontaneda». En este sentido, precisan también que el directivo bancario «animaba o inducía» a los perjudicados a realizar las inversiones.