SAN SEBASTIÁN. DV. El primer teniente de diputado general de Gipuzkoa, Iñaki Galdos, ratificó ayer en las Juntas Generales su posición contraria y la de Eusko Alkartasuna a la decisión de la ex diputada foral de Derechos Humanos e Inserción Social, Mari Carmen Marín, de este partido, de recurrir la modificación de la norma de las cesantías. Esta reforma estableció que los diputados forales cesantes sólo cobraran prestaciones en caso de estar en desempleo, además de limitar su cuantía a la mitad.
Galdos, que compareció a petición de la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, subrayó que «todo el mundo sabe cuál es nuestra opinión sobre el recurso presentado por Marín. No estamos de acuerdo y no coincidimos con ella. Se trata de una opción totalmente personal, con la que EA ya había mostrado su desacuerdo».
En este punto, señaló que el día que se conoció la decisión de Marín ya se posicionó al respecto y lamentó «que alguien haya intentado montar un circo en su propio beneficio. Y lo que es peor, esta comparecencia para explicar algo que ya se sabía costará 5.000 euros al horario público. No me parece digno querer sacar un beneficio político de este asunto», afirmó. Galdos recordó que Marín «ni siquiera es afiliada de EA» y que «ha hecho uso de un derecho personal».
«Que retire el recurso»
La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, aseguró que su formación entendía «necesaria la comparecencia para esclarecer lo sucedido» y se congratuló de que se tratase «de una iniciativa personal de Marín». Asimismo, pidió a Galdos que se reúna con ella para que retire el recurso.
El grupo juntero del PNV defendió el derecho de cualquier ciudadano a presentar un recurso, aunque deseó que espera que no prospere, mientras que EA, en voz de José Antonio Rekondo, señaló que «el recurso va en contra de la actitud y proceder que hemos mantenido hasta ahora sobre las cesantías».
Julio Astudillo, del PSE/EE, confió en que una norma foral aprobada el año pasado cuente con «suficiente cobertura legal como para que no prospere este recurso». Ezker Batua, en palabras de Arantza González, calificó su presentación por parte de Marín de «falta de ética total». El PP defendió la libertad de Marín para presentar el recurso y señaló que ya no queda otra que esperar la decisión de los tribunales.
Según informó Aralar en su día, Mari Carmen Marín es funcionaria del departamento de Educación del Gobierno Vasco y «no ha vuelto a su plaza de funcionaria porque ha renunciado». Las mismas fuentes apuntaron que Marín «está cobrando de la Diputación más de 2.800 euros al mes al estar en paro, aunque sea voluntario, y no puede pretender además que la Diputación le pague 5.525 euros que recogía la anterior norma».