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La UE advierte al Constitucional turco de que la inhabilitación de Erdogan bloquearía el ingreso
Los intereses están por encima de los principios. Hasta en la Unión Europea, que se presenta como el último reducto del respeto a la legalidad. Pero no desde ayer, cuando el comisario para la ampliación, el finlandés Olli Rehn, arremetió contra el Tribunal Cons- titucional turco por admitir a trámite un proceso para la ilegalización del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (APK), de corte islamista más o menos moderado, que se impuso en las elecciones generales del pasado verano con el 46% de los votos.
Rehn llegó incluso a afirmar que «en las democracias normales estos temas se deciden en los parlamentos, no en los tribunales» y hasta advirtió de que Bruselas podría reconsiderar la adhesión de los otomanos en caso de que la formación de Recep Tayip Erdogan, primer ministro, y Abdulá Gul, presidente, fuera declarada al margen de la Carta Magna. El nórdico se ha olvidado ya de otras posturas comunitarias que han obviado los resultados de las urnas en provecho del bien común, véase, por ejemplo, la primera vuelta de las elecciones de Serbia con la independencia de Kosovo en el horizonte.
Europa mantiene desde hace tres décadas su puerta abierta a Ankara. Su afán porque forme parte del club comunitario le lleva incluso a olvidar algunas travesuras turcas, como la implantación del velo, los excesos en Kurdistán o hasta las incursiones por territorio iraquí. Priman los beneficios que puede ofrecer el potencial socio, importante aliado de Estados Unidos en la OTAN, bien sean económicos, políticos o de seguridad, a pesar de que tras la caída del telón de acero ya ha dejado de ser el colchón entre el Viejo Continente y la Unión Soviética.
Pero Europa no ha tenido en cuenta la apuesta secular que hicieron sus dirigentes y, principalmente, su Ejército cuando el líder nacionalista Mustafá Kemal Ataturk creó la Turquía moderna en 1923. Y en virtud de esa custodia de la laicidad el Tribunal Constitucional decidió ayer autorizar los primeros pasos para poner al margen de la ley a Erdogan y a sus huestes a pesar de que en los comicios obtuvieran un amplio respaldo popular.
Por consenso, la máxima corte otomana aceptó a trámite la solicitud presentada el pasado día 14 por el fiscal general, Abdurrahman Talçinkaya, para ilegalizar al AKP e inhabilitar durante cinco a alrededor de setenta de sus principales miembros, incluidos Erdogan y Gul. Existe el precedente de otras tres formaciones de corte islamista arrinconadas por entenderse que eran contrarios al secularismo oficial.
Referéndum
El Gobierno también tiene sus armas para contrarrestar la decisión judicial, pero ello pasaría por la convocatoria de un referéndum que podría obtener resultados similares a los arrojados por las urnas en julio pasado. Aunque para ello debería cumplimentarse un paso previo más complicado: obtener el apoyo de 367 de los 550 parlamentarios de la Asamblea, algo fuera del alcance del arco de AKP y que, de hecho, se convertiría en una consulta sobre el laicismo y que, sin duda, atraería la oposición del Ejército.
Los islamistas de Erdogan descalificaron de inmediato la acción de la Fiscalía y la autorización del Constitucional. En su opinión, esconde motivos políticos y puede llevar a dividir a la sociedad turca, además de afectar a los mercados financieros y provocar una inestabilidad económica. También pronto se abonaron a la teoría comunitaria de que «los magistrados deben considerar los objetivos a largo plazo y tener en cuenta la perspectiva europea» del país. Recurrieron asimismo a las palabras de Rehn que aseguraban que «la prohibición de partidos políticos sólo está justificada en el caso de que defiendan la violencia o la usen para socavar la democracia».
El primer dirigente del AKP que valoró ayer la sentencia, Nihat Ergun, abogó por «ensanchar la arena política». «Se necesita una regulación que ensanche la arena política rectificando el sistema de ilegalización de partidos», opinó.
Deniz Baykal, líder de la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ya ha avisado de que un referéndum sobre una posible enmienda constitucional que salve al AKP de la ilegalización significará también una consulta sobre el laicismo. El CHP se opone a dificultar la ilegalización de los partidos políticos. «Hacer una enmienda para influir en la decisión de un juicio ya en marcha va contra la Constitución y es ilegal», afirmó el vicepresidente del CHP, Mustafá Özyurek.
«Golpe de Estado»
El profesor Yildizhan Yayla, de la Universidad Galatasaray de Estambul, aseguró que una enmienda constitucional de ese tipo podría ser vista como una injerencia en el proceso y «crearía problemas aún más serios».
Algunos medios de comunicación turcos han calificado la decisión de «golpe de Estado judicial» contra el AKP, ya que podría estar motivada por la decisión del Gobierno de suprimir la prohibición de llevar el pañuelo islámico en las universidades para las estudiantes. Además, los partidos laicistas tampoco lograron impedir el nombramiento de Abdulá Gül como presidente del país.
El Constitucional pronto también emitirá su veredicto sobre el recurso del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) sobre la constitucionalidad de la decisión de levantar la prohibición del velo en las universidades.
En los últimos años han sido ilegalizados en Turquía más de una veintena de partidos políticos tanto por su filiación islamista como por sus vínculos con los separatistas kurdos.
