SEVILLA. La Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia de Sevilla defendió ayer la labor de los funcionarios, «a quienes les está vedado tomar cualquier decisión jurisdiccional». Asimismo, acusó al titular del Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, de intentar desviar la «responsabilidad» -en alusión a que el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz se encontrara en la calle a pesar de tener pendiente penas de cárcel- haciéndola recaer en el personal del juzgado.
En un comunicado, la Junta de Personal indicó que no va a entrar a valorar si la baja de una determinada funcionaria fue o no cubierta «en un plazo razonable», aunque «es verdad que la Consejería de Justicia no suele cubrir las bajas al menos hasta que ha transcurrido más de un mes».
En este sentido, la Junta de Personal sostuvo que es «evidente» que el sistema judicial falla porque adolece de «graves deficiencias», como son «la falta de medios, tanto materiales como personales», porque está regido por un sistema procesal «anquilosado y en muchos aspectos obsoleto», porque las aplicaciones informáticas son «manifiestamente mejorables».
Por otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, afirmó ayer que crear un registro de pederastas podría servir de ayuda ante casos como el de la muerte de Mari Luz Cortés, presuntamente asesinada por un hombre con antecedentes por pederastia y condenado por abusar de su hija.
López Garzón manifestó que «cualquier reflexión de este tipo siempre conviene hacerla con el sosiego espiritual que las cosas requieren». AGENCIAS